Según anunció el ministro de Gobierno, José De la Gasca, el Régimen pondrá en pausa su intención de convocar a Asamblea Constituyente.
En su lugar, habla de plantear reformas parciales a la Constitución, se sobrentiende en temas específicos, además de impostergables, entre ellos los relacionados a la economía, inversiones, a la seguridad ciudadana, en lo laboral, en la estructura financiera del IESS.
Esto, tras haber conseguido tomar las riendas de la Asamblea Nacional con el respaldo, aunque parcial, de legisladores del PSC y de Pachakutik.
En estas últimas semanas, el debate nacional se ha concentrado alrededor de la idea del oficialismo lanzada durante la campaña electoral.
Cuando es hora de aterrizarla, el Gobierno parece haber sopesado todos los criterios y sugerencias hechas desde la ciudadanía, en la cual convergen líderes de opinión, constitucionalistas, expresidentes de la república, exlegisladores, exmiembros de la Corte Constitucional y hasta algunos sectores políticos serios y comprometidos con el futuro del país.
También pesan factores como el tiempo, no estar seguros de si el pueblo, finalmente termina aprobando o no el nuevo texto constitucional, tal como ocurrió en Chile.
La Corte Constitucional echó al traste la idea de pasarse por encima puntos fundamentales como la elección de los constituyentes y de obtener su visto bueno.
Queda, entonces, tal como dice el ministro De la Gasca, plantear reformas parciales, en cuyo caso le convendría al Gobierno escuchar, dejarse ayudar, por quienes tendrán buenos propósitos, ideas excelentes pero ajustadas a la realidad nacional sin obviar los contextos, incluyendo el internacional.
Es momento de ir cuajando la propuesta; menos de asumirla, a lo mejor, como un elemento distractor. Cambiar Constituciones, reformarlas, en varios casos a conveniencia, ha sido una especie de “deporte nacional”. Ojalá, ahora sea la excepción. Debe ser.
