Hace no mucho, la ciudadanía celebró una imagen poco común: el Gobernador del Azuay, el Alcalde de Cuenca y el Prefecto provincial —cada uno representante de fuerzas políticas distintas— se reunían para coordinar acciones urgentes en materia de seguridad y vialidad. ADN, Izquierda Democrática y Revolución Ciudadana coincidían, por un momento, en algo que parecía básico pero inusual: trabajar juntos por el bien común. Ese gesto fue leído como un posible punto de inflexión en una provincia acostumbrada a la descalificación permanente entre autoridades.
Pero la tregua duró poco. Hoy, ese espíritu de cooperación se diluye ante la tentación de los próximos procesos electorales. Cada autoridad ha retomado su agenda propia, y el enfrentamiento entre el asambleísta de ADN y el Alcalde de Cuenca, (de la ID), es ya público y notorio. Si bien la fiscalización es una herramienta legítima —y fundamental en democracia— su uso debe responder a criterios técnicos y éticos, no a cálculos políticos o disputas de visibilidad. La incoherencia se vuelve evidente cuando se exige transparencia en las contrataciones locales, pero al mismo tiempo se desestima la fiscalización de contratos nacionales como los del caso PROGEN, o la posibilidad de emitira una declaratoria de emergencia vial, pese a su urgencia.
La crítica bien fundamentada debe ser escuchada, y los errores, enmendados. Es señal de madurez política reconocer fallas y corregirlas sin que medie el escándalo. Las ordenanzas que afectan a las familias en la ruralidad deben ser revisadas con sentido de urgencia y con apertura al diálogo. Sin embargo las redes sociales y los comunicados incendiarios no reemplazan la gestión pública seria. Cuenca y el Azuay requieren autoridades que comprendan que el protagonismo no se mide por quién habla más fuerte, sino por quién resuelve con mayor eficacia.
