La alternancia y la separación de poderes son principios fundamentales de la democracia.
El poder puede marear a quien lo ostenta. Lo ceba, lo atornilla, y el pretencioso quiere perpetuarse en él.
En la mayoría de países iberoamericanos sus correspondientes Constituciones establecen la reelección por una sola vez o luego de un periodo.
En los últimos 25 años o más, una serie de gobernantes, sin un destello de vergüenza, impulsaron la reelección indefinida.
No les importó pisotear la Constitución, asegurándose, primero, de cooptar los tribunales encargados de hacerla respetar; luego, aniquilar a sus potenciales rivales poniéndoles trabas y hasta expulsándolos del país, como ocurre, por ejemplo, en Nicaragua; o ganando elecciones a la fuerza, como en Venezuela.
En el caso ecuatoriano, en 2018 una consulta popular echó abajo la reelección indefinida, hecha aprobar por quien intentaba gobernar 300 años, seguramente heredando la banda presidencial.
Ahora es el turno de El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, tras haber copado todos los poderes, acaba de instaurar esa clase de reelección. Este es manual propio de dictaduras disfrazadas de democracia, o es un remedo de democracia por el solo hecho de organizar elecciones, consultas referéndums, procesos en los cuales siempre tienen las de ganar, o ganan así pierdan.
Pese a ciertas objeciones, nadie discute la lucha frontal, decisiva, aplicando todo el poder de la fuerza del Estado, emprendida por Bukele para recuperar la seguridad en su país, por décadas dominado por bandas criminales.
Pero anclarse en aquel logro, envidiado, copiado, pero también criticado a nivel internacional, para pretender perpetuarse en el poder, es antidemocrático, creerse omnipotente; es echar de menos la inteligencia del pueblo, reducir su espíritu de libertad, buscar su aplauso y su aprobación restringiéndolo a una masa ignorante. Reprochable.
