El gobierno central ha vuelto a posar su mirada en Cuenca. No lo hace únicamente por convicción, sino porque sabe que el pulso político y social del Azuay se ha convertido en un termómetro de legitimidad frente a la conflictiva agenda minera.
El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la creación de una Zona Franca Tecnológica en la capital azuaya fue presentado como un impulso al desarrollo y a la generación de empleo. Una apuesta, sin duda, atractiva en el discurso, pero que llega en un contexto de resistencia social a la minería en Quimsacocha y en las fuentes de agua del Cajas.
La visita de la ministra de Gobierno al Hospital Vicente Corral Moscoso, es una respuesta a la presión de la oposición, medios y ciudadanía. Es una repuesta oficial por la crisis en salud, aunque los reclamos de médicos y pacientes siguen siendo los mismos: falta de recursos y gestión efectiva. La Primera Dama, por su parte, visitó comunidades rurales, entregando ayudas simbólicas que organizaciones sociales interpretaron como intentos de condicionar percepciones ante el inminente debate sobre el futuro de la minería.
Estos gestos, aunque políticamente comprensibles, responden más a una lógica comunicacional que a una política de fondo. Como ha ocurrido en otros momentos de la historia, el gobierno recurre a una agenda compensatoria: visibilizar proyectos alternativos —tecnología, salud, programas sociales— para desplazar del centro del debate el tema que más incomoda: la explotación minera en zonas de recarga hídrica.
La ciudadanía cuencana no es ajena a esta estrategia. Movimientos defensores del agua ya han convocado marchas y la oposición ha endurecido sus críticas. En este tablero, Cuenca reafirma su papel como contrapeso y conciencia ambiental del país.
