Con relación a la, diríamos, fallida explotación minera en Quimsacocha, el Gobierno mal hace con tomar decisiones ambiguas, quedando bien con Cuenca, Azuay; pero, al mismo tiempo, metiendo miedo ante posibles demandas internacionales por parte de la empresa concesionaria del proyecto Loma Larga.
El Estado, al ser el tutor, según la Constitución, de la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, corre con la responsabilidad, en el citado caso, de todas las etapas ligadas al referido proyecto, es decir, desde la concesión, entrega de la licencia de exploración avanzada, hasta el otorgamiento de la licencia ambiental, requisito final para comenzar la extracción del mineral.
El Municipio de Cuenca y el Gobierno Provincial del Azuay, ante la insistencia del Ejecutivo, le han entregado informes sobre los potenciales riesgos de la actividad minera en aquel páramo.
Con base en esos informes, el Régimen se solaza al decir, ahora sí, que ha suspendido la licencia ambiental, porque su posición “es proteger la salud de los ciudadanos, resguardar las fuentes hídricas y hacer respetar las competencias en todos los niveles de Gobierno”.
Pero, a renglón seguido, presagia: esos dos gobiernos locales “deberán responder por la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes…”.
Además, deberán, dice entre líneas, responder si hay una demanda internacional.
¿Y en qué tipo de informes se basó el entonces Ministerio del Ambiente, para, obviando y desconociendo varios pasos pendientes, entregar la licencia ambiental?
¿No tenía ese ahora exministerio el informe técnico elaborado por ETAPA EP, artificiosamente escondido, dado de baja o ignorado? Y no únicamente ese informe, por si acaso.
Por lo tanto, la suspensión, no la reversión de la licencia, tiene otras connotaciones a futuro, entre ellas que sea levantada el rato menos pensado.
