Hoy se cumple siete días del paro organizado por la CONAIE.
Exige, como en 2019 y 2022, la derogación de decreto mediante el cual el Gobierno eliminó el subsidio al diésel.
Esto, según argumenta, le ahorrará al Estado algo más de USD 1.200 millones anuales, pero cuya inversión aún no está del todo clara.
El paro se concentra en las provincias del norte, con algunos destellos en las del centro y sur.
Aparentemente, la decisión de trasladar, de manera temporal, la sede del Gobierno a Latacunga le está dando resultados.
En otros tiempos, las protestas indígenas, entre la cuales, como ocurre en estos días, ya asoman los “infiltrados” y hay evidencias de vandalismo, presión a quienes se niegan a plegar al paro, o amenazas a los que quieren trabajar, ya estuvieran sitiando a Quito, y el pánico apoderándose de otras ciudades.
Si bien en la mayor parte del país la normalidad es la regla, excepto algunas manifestaciones o cierres parciales de vías, despejadas casi de inmediato por las fuerzas del orden, la preocupación es desconocer el desenlace, y cuándo.
Las posiciones son diametralmente opuestas: el Gobierno, dice, no cederá, considerando, como gran parte de sectores ciudadanos, que su resolución es la más apropiada para sanear las finanzas públicas, evitar el contrabando y el aprovechamiento del combustible por parte de las mafias.
La CONAIE tampoco quiere ceder.
El Régimen, basado en el estado de excepción, aplica todas las medidas coercitivas, entre ellas el bloqueo de cuentas bancarias de algunos dirigentes de la organización, en tanto los manifestantes advierten con radicalizar el paro “hasta las últimas consecuencias”.
Así, es imposible encontrar un punto medio. Es conocida la posición de la organización indígena: debe imponerse, aún a la fuerza, la suya, y lo logró en dos ocasiones.
Hasta tanto, las pérdidas económicas ya suman varias decenas de millones de dólares, y cunde la incertidumbre.
