Enfocados en la discusión sobre el paro de la CONAIE, en la convocatoria a consulta popular y referendo, en el caso particular del Azuay en la defensa del agua, algunos hechos de connotación política se plasmaron en esos días.
Uno de ellos, la integración del Consejo de la Judicatura (CJ) tras varios meses de disputas, cabildeos, denuncias, recambio de candidatos y hasta de cálculos.
Los aspirantes, provenientes de ternas enviadas al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y la Defensoría Pública, fueron, en unos casos, ajustándose al engranaje previamente diseñado para tener mayoría.
Finalmente, el presidente del CJ, tan cuestionado; identificado, primero con un movimiento político, luego con el Gobierno, logró ser reelecto.
Proviene de la terna enviada por la CNJ, cuyos magistrados, jueces, fiscales y demás miembros de la Función Judicial, están sobre su radar, en tanto en cuanto el CJ es el órgano de gobierno y administración de la Función Judicial (FJ).
En teoría, el Gobierno tendría el control de la Judicatura. Una de las tantas críticas realizadas a la demora en conformarla (más de un año), precisamente habría sido plasmar ese objetivo, para, entre otras cosas, declarar en emergencia a la FJ y nombrar “a dedo” a jueces y fiscales, cuya temporalidad no es garantía de independencia ni de una correcta aplicación de la ley.
El otro, la censura, a través de juicio político, de quien fuera consejero del CPC, Gonzalo Albán, y planteado por un asambleísta del oficialismo.
La causa del enjuiciamiento fue amplia y severamente criticada, considerada hasta como procaz, una retaliación por no alinearse al Gobierno.
¿La razón? Asimismo, para tener el control del CPC cuya desaparición se promueve; pero, al mismo tiempo se le quiere manejar.
El Régimen da muestra de no gustarle ni contrapesos ni contradictores.
