Una dura lección queda para el Gobierno y la Asamblea Nacional en materia legislativa.
La Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad de la Ley Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional, ambas con el membrete de orgánicas y enviadas por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.
Casi al apuro, cambiando de nombre a una de ellas, mezclando materias penales, tributarias y de otra índole, la mayoría oficialista en la Asamblea las aprobó pese a los cuestionamientos de otros sectores políticos, en especial de personas versadas en esos campos.
Entraron en vigencia mientras cundían las demandas de inconstitucionalidad, habiendo incluso la CC suspendido, provisionalmente, varios artículos de la ley de Integridad Pública. Esto provocó la reacción iracunda del Gobierno.
El equipo jurídico de la Presidencia de la República como los asambleístas de la mayoría no pudieron argumentar ante la alta Corte las razones de fondo para haberlas aprobado, mucho más porque eran una mescolanza legal, contradictorios entre sí, en suma no apegadas a la Constitución. Esta, mal o bien, anticuada para unos, para otros causante de los males de la república, está vigente, debe respetársela, ser cumplida, y para tal fin está la CC pese a sus yerros.
Por encima de las buenas intenciones del Gobierno en materia económica, de luchar contra el crimen organizado y sus tentáculos en la política, en la economía, de querer reducir la frondosa burocracia pública, el traspié radica en el poco o nulo conocimiento jurídico de los encargados de redactar los proyectos de ley, peor de los asambleístas.
Algunos organismos creados al amparo de aquellas dos leyes y las resoluciones tomadas quedan en nada.
Para colmo, el dictamen de la CC ocurre mientras el país aguanta un paro violento, se agita la política con los temas de la consulta y el referendo, y la criminalidad no da tregua.
