Si un asambleísta alterno, que en algún momento puede ser titularizado de forma temporal o definitiva, en un santiamén saca, de sus bolsillos se supone, USD 2.6 millones y compra un medio de comunicación y un portal digital de creación de contenidos, rondan las sospechas.
Resulta así por cuanto, aquel político de las filas del oficialismo en su declaración de bienes apenas registra USD 36 mil. Nadie sabe si tan inesperada fortuna la heredó, se sacó la lotería, o qué.
Se trata de un personaje público y, por lo tanto, debe transparentar tan millonaria compra.
El mismo gobierno, el movimiento oficialista ADN, sus coidearios en la Asamblea, deben impulsarlo a transparentar su movida económica, inesperada a todas luces.
Se trata de negocios privados. Siendo así, el adquiriente debe responder por sus actos. Estos son los argumentos de sus colegas legisladores para salirse del apuro y de cuanto se especula.
Bajo esa perspectiva, también existen organismos del control del Estado para investigar a los privados cuando sus ingresos suben como la espuma, utilizan a terceros para invertir o lavan el dinero de manera directa.
Con eso no estamos insinuando nada en contra del aludido asambleísta alterno; pero él, hasta el momento, no ha justificado su inversión millonaria, cuando debe hacerlo, insistimos, se trata de un hombre público con nombramiento de legislador.
Con mayor razón si, como se ha denunciado, ha colocado en la gerencia de los medios adquiridos al suegro de una asambleísta, coidearia suya.
Esas opacidades ensombrecen a la política y tejen dudas alrededor del gobierno en cuanto a la lucha contra la corrupción.
La situación económica de los medios de comunicación privados no es la mejor, como sí lo sería la de los que sirven de plataforma al gobierno, entre ellos los comprados por el legislador oficialista.
