Solo un gobierno tozudo puede empecinarse en sostener hechos y circunstancias aun a costa de su credibilidad.

Desde su posesión en la Asamblea Nacional como presidente del Consejo Directivo del IESS, tras presidir la terna enviada por el primer mandatario, Edgar Lama ha sido y es duramente cuestionado desde lo ético y legal.

Del ministerio de Salud, dio el gran salto para dirigir el IESS cuyas fallas estructurales se profundizan. Lo dicen los pésimos servicios de salud. Apenas son un botón de toda la muestra.

Según a Ley de Seguridad Social, del Consejo Directivo no pueden ser parte quienes tengan intereses propios o representen a terceros en la propiedad dirección o gestión de empresas relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad Social.

La familia de Lama está ligada al ámbito de la salud y, en tal condición, es uno más de los prestadores privados contratados por el IESS para atender a los pacientes derivados de sus hospitales.

La designación de Lama, quien no ha desmentido este vínculo contractual de su familia, fue avalada por el ahora exsuperintendente de Bancos, Roberto Romero, con el cual también le unen lasos sanguíneos, pese a incumplir otros requisitos legales.

Todos conocen las millonarias deudas del IESS a los prestadores privados (clínicas). Uno de ellos se quejó porque Lama privilegiaría pagar a otros, menos a él, con el supuesto fin de forzarlo a la quiebra, aduciendo falta de auditoría.

¿Se configuraría, entonces, un conflicto de intereses, así Edgar Lama no sea accionista de la clínica de su padre?

La vocería oficial niega tal conflicto. Son mentiras y rumores dice él. La Contraloría ha emitido una millonaria glosa contra el IESS por pagos indebidos a las clínicas de su progenitor. ¿Será otra mentira?

Un mínimo de sensatez obligaría al gobierno a sacrificarlo. Él mismo debe dar un paso al costado para evitar contratiempos a su familia, y hasta por su propio honor.