La minera ilegal en el área rural del cantón Pucará, provincia del Azuay, era un “secreto a voces” desde hacía muchos años.

De vez en cuando se realizaban operativos militares, a la larga infectivos, por cuanto los mineros, algunos autollamados “artesanales” tan pronto como se retiraba el Ejército volvían a su labor ilícita, contaminante y destructiva.

Tal como ocurrió en Buenos Aires, provincia de Imbabura, el Gobierno decidió actuar de manera más contundente en el sector La Chonta. Ejecutó el operativo “Tormenta de Fuego” con la intervención de 1.500 militares.

Según el informe del Ejército, en un área de doce hectáreas, previa evacuación de la población civil, se destruyeron, por completo, campamentos, procesadoras y bocaminas, aplicando bombardeos directos con artillería pesada.

La minería ilegal, como en el caso de Pucará, ha sido cooptada por grupos de delincuencia organizada, calificados por el Gobierno como terroristas, a los cuales les declaró la guerra.

Uno de ellos, quizás el más poderoso por su número de miembros pese a las constantes divisiones, sembró el terror en la zona, amén de la destrucción ambiental. 

Bien por el operativo y sus resultados; pero la preocupación es saber el futuro de la zona intervenida.

Ocurre, por ejemplo, en Sígsig, otro cantón azuayo atestado por la minería legal, como lo es, y con mayor fuerza, Ponce Enríquez.

Aquella es una plaga extendida por casi todo el territorio nacional, con refinerías clandestinas, desde donde se importa oro al por mayor utilizando a terceros, muchos de ellos gentes con apenas dinero para sobrevivir, pero asoman como grandes empresarios.

La destrucción de la infraestructura usada para ese negocio depredador es insuficiente, si no se sigue la ruta de quién, cómo y con la complicidad de alguien, se la compra e instala en lugares inaccesibles.

Son apuntes para tomar en cuenta.