Según un informe de la Contraloría General del Estado (CGE), en la Municipalidad de Cuenca se detectaron graves irregularidades en once procesos de contratación.

La auditoría corresponde al periodo 2020-2024 y compromete a la administración del entonces alcalde Pedro Palacios y del actual

Cristian Zamora.

Las irregularidades derivan en sanciones administrativas por $ 63.550 y una presunta responsabilidad penal. El informe ha sido enviado a Fiscalía para su investigación.

Los contratos aludidos se relacionan con el alquiler de camiones, realización de eventos, contratación de choferes, y la compra de un vehículo blindado para uso del alcalde Zamora.

La Contraloría cumple su rol como juez de cuentas. Realizado el trabajo y tras varias instancias, en las cuales los auditados presentan las pruebas de descargo si se detectan anomalías, elabora el informe final, como el caso del municipio cuencano.

Como ocurre con la sentencia de un juez: si es favorable, unos aplauden; si es contra, otros acusan.

La CGE, si bien no ha sido regla general, no actúa conforme a los tiempos políticos.

Claro, a ninguna autoridad le gusta ser señalada por habérsele descubierto irregularidades; peor si de por medio hay presunciones de responsabilidad penal.

El informe aludido ha generado el reproche furibundo de Zamora. Ante semejante presunción es lógica una reacción, pero no en los términos expresados en contra de los auditores, ni con advertencias de por medio, al decir, por ejemplo, que tiene “sorpresas grabadas”, o cree que responden a “instrucciones políticas”.

Según Zamora, la compra del blindado, tanto por el precio, por haber cumplido los requisitos legales, cuanto porque era necesario para garantizar su seguridad, está justificada.

Empero, la CGE determinó todo lo contrario.  

El alcalde sabrá defenderse con todos los argumentos que dice tener. Así lo exige la ciudad; pero, hasta tanto, no está por demás mantener la ecuanimidad.