La mayoría del Gobierno que controla la Asamblea Nacional toma a la tarea fiscalizadora como algo tan vacuo, según las conveniencias, creyendo hasta en las más simplonas de las explicaciones de los funcionarios llamados a dar cuenta de sus actos, cuando no a ignorar por completo aquella función, fundamental en una democracia.

Haber convertido al CAL en un filtro para, con cualquier pretexto, salvar a un ministro así haya ejercido el cargo durante unos pocos meses; lo peor, “hacerse de la vista gorda” ante casos de verdad comprometedores por su falta de transparencia, como el de HealthBird por ejemplo, demuestran sumisión de esa mayoría al Ejecutivo, irrespeto a los ecuatorianos que exigen la verdad, y hasta negadores de su propia esencia como fiscalizadores.

El silencio, esquivar el trabajo investigativo de la prensa, montar escenarios para desviar la atención, se van convirtiendo en una especie de decretos soterrados.

No se sabe si aquella mayoría ignora el daño perpetrado a su Gobierno –así resulta ser– al no fiscalizarlo; peor, impedir que otros lo hagan; y el mismo Gobierno no permitir ser fiscalizado.

No es un simple juego de palabras; pero reflejan un Régimen anclado en la opacidad, de vez en cuando da explicaciones, a la larga, contradictorias y balbuceadas, como intentando esconder basura debajo de la alfombra.

Otro caso sintomático de esa opacidad es el relacionado al contrato con Progen; y está en camino, también de serlo, el firmado con Austral Technical Management, los dos para dotar de energía eléctrica al país.

Es inaceptable que HealthBird, que en asocio con la CNT debía instalar un sistema digital para la red hospitalaria, deje el país como ni nada pasó ni en lo legal ni en lo económico, algo que se debería ser investigado por la Fiscalía.

Cuánto mal le está haciendo al Gobierno las leguleyadas de su mayoría legislativa con el fin de protegerle.