Fuera el colmo de los colmos si para cuando termine el primer semestre de 2026 Ecuador continúe con autoridades de control prorrogadas.

El nuestro es el país en el cual la prórroga de funciones parece ser parte de las políticas de Estado, conviniéndoles a los gobiernos de turno.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), elevado a la categoría de Quinto Poder, no ha podido, o no ha querido elegir autoridades dentro de los periodos determinados por la ley.

Están prorrogados, desde 2021, los vocales del Consejo Nacional Electoral. Todo un récord dentro de la administración pública.

Los concursos se dieron de baja por varios motivos. Se lleva la bandera las acciones de protección, las denuncias, cuando no los indicios de corrupción como es la filtración de preguntas a los aspirantes.

La elección del nuevo fiscal general debió estar lista en abril de 2025. Van ocho meses, y en una función tan clave para la administración de justicia hay un fiscal prorrogado del prorrogado, cuestionado, además, por haber sido encargado no por el Cpccs sino por la Judicatura.

Para ese caso, ni siquiera se ha integrado la Comisión Ciudadana de Selección.

Tampoco camina el concurso para renovar el Tribunal Contencioso Electoral. Sigue estancada la conformación de la Comisión Ciudadana.

En similar situación está el concurso para elegir al nuevo Defensor del Pueblo.

El Cpccs no parece inmutarse ante su propia desidia. Si no es así, hágalo cuando menos para transparentar los concursos, generar confianza, ser fiel a los reglamentos, cumplir los plazos y actuar sin fines políticos ni de cálculo.

Si el Gobierno se hace de la “vista gorda”, peor la Asamblea Nacional, llamada a exigirle cuentas al Cpccs. Nunca le ha fiscalizado. A nivel legislativo también cuenta el juego político. Al fin y al cabo, es parte de las fuerzas cuya finalidad es tener el control del Cpccs.