Desde hace varios años, la inseguridad es el principal problema para los ecuatorianos, seguido de la falta de empleo. 

Portales digitales difunden los resultados de una encuesta realizada por Click Report en Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay.

Esa es la realidad; irrefutable por donde se la mire. Si 2025 cerró como el año más violento, nada hace prever que la situación cambie durante 2026, en cuyas primeras tres semanas han ocurrido una serie de masacres. 

Como bien señala la encuesta, la inseguridad ha hecho que cambien de hábitos los ciudadanos: enrejan sus viviendas, sus pequeños comercios; se abstraen de ir a ciertos lugares; instalan alarmas; cambian de ruta o transporte, y hasta evitan hablar con personas desconocidas.

Se pone de moda el término “narcovecino”. Nadie sabe si quién o quiénes llegan a vivir en la cuadra, en ciudadelas, urbanizaciones, en edificios departamentales, tienen algo que ver con el bajo mundo del narcotráfico, desde un gran capo, hasta el que hace el trabajo de “mula”, los que se dedican al “narcomenudeo”, al lavado de dinero, aquellos que llegan huyendo para no ser asesinados. En fin.

Según el presidente Daniel Noboa, son alrededor de 60 mil los miembros de los diversos grupos de delincuencia organizada, todos ellos ligados a bandas internacionales.

Entre siete y ocho son los grupos narcoguerrilleros colombianos asentados a lo largo de la frontera con Ecuador, los principales productores de cocaína, que la traspasan a territorio nacional para luego ser exportada a Europa y Estados Unidos.

La lucha  del Gobierno, pese a varios resultados contundentes, no detiene el avance de los grupos delictivos, franquicias del narcocrimen internacional.

Por ello la encuesta refleja que más del 62 % de los interrogados califica de malas o muy malas las acciones del Gobierno para combatir la inseguridad.

Y concluyen que esta debe ser la prioridad del régimen en 2026. ¿Será posible?