Reprochable, por decir lo menos, la desidia del Ministerio de Finanzas. No pagar, desde octubre de 2025, y hasta mucho antes, por el trabajo realizado por artesanos azuayos, raya en la indolencia.

Ellos protagonizaron un plantón para reclamar por deudas. Oscilan entre $1,8 millones y $ 2.2 millones; a nivel nacional, más de $ 7 millones.

Esas obligaciones no son gratuitas. Corresponden a trabajos hechos para el Ministerio de Educación: confección de uniformes escolares, servicios de limpieza, alimentación y metalmecánica.

Los “comprobantes únicos de registro” de pago han sido remitidos por la cartera de Educación; pero en la de Finanzas, quién sabe, los colocaron en el trasfondo de sus anaqueles.

Como bien lo expresaron los dirigentes: detrás de cada contrato hay familias dependientes de esos ingresos para cubrir créditos bancarios, pago de salarios, de impuestos, seguros y gastos básicos.

Hasta la ironía juega su papel: los artesanos tienen 45 días de plazo para cumplir sus trabajos. Si se atrasan un día son multados, y hasta inhabilitados por cinco años para contratar con el Estado. Pero este mismo Estado se hace el desentendido, el indolente, cuando no cumple sus obligaciones. Le importa poco o nada.

Se necesita tener alma innoble para actuar de esa manera. Bajo esa lógica medio colonialista de creer que, exceptuando la capital, lo demás son solo provincias, y que por eso deben esperar, aguantar todo, la burocracia centralista hace cuanto le venga en gana.

Según los convenios, las deudas deben cancelarse entre 15 a 30 días. Pero, según los rubros, han pasado cuatro y hasta ocho meses. Y nada. Mientras los artesanos, apremiados por la necesidad de trabajo, pese a los altos costos de las materias primas, del alza del IVA, siguen firmando contratos. Nadie actualiza los precios del catálogo de compras públicas. 

Una indolencia estatal más, como muchas otras.