Dos hechos ligados al ámbito de la justicia causaron sobresalto durante la madrugada de ayer.

Uno, se relaciona con la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dos de sus hermanos; y otras ocho personas más.

La detención se dio por el caso Goleada, en el cual la Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Es un caso distinto al denominado Triple A, que también involucra a Aquiles Álvarez.

La detención, enseguida tuvo repercusiones políticas. Se ahondarán cuando se conozcan los resultados de la formulación de cargos y una posible orden de prisión en firme.

Mientras el alcalde era trasladado a Quito, sus partidarios protestaron. También lo hizo el movimiento Revolución Ciudadana con cuyo patrocinio ganó la alcaldía.

Para los abogados de Álvarez y los asambleítas de la RC se trata de persecución política; y hasta de una “cortina de humo” para desviar la atención del juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Queda esperar que no se trate de “justicia selectiva”, sabiendo que el alcalde confronta con el Gobierno; y porque en casos de presunta corrupción que envuelve al Régimen, la Fiscalía se cambia de acera.

Habrá recabado indicios incontrovertibles para montar el operativo, si bien sobre quien la preside pesa la acusación de ser afecto con el Régimen.

Segundo hecho: la sesión urgente del CJ para designar como presidente temporal a Damián Larco, hasta hace poco tiempo director del SRI. Nada menos.

Sería una jugada rápida y estratégica tras conocer que quien debía reemplazar a Godoy no puede ejercer cargo público.

Eso, mientras el futuro de Godoy al frente de la Judicatura está en juego y podría ser reemplazado por Larco de manera definitiva.

La justicia no está para saldar disputas entre los políticos. Pero hay señales de que así estaría ocurriendo como ha ocurrido siempre.