Varios hechos confluyen de manera repentina, suficientes como para exasperar al país. Las consecuencias pueden resultar impredecibles.

Al fin y al cabo, Aquiles Álvarez es el alcalde de Guayaquil, la ciudad más populosa y motor económico del Ecuador, y un bastión electoral.

Su detención y posterior orden de prisión preventiva ha enardecido el ánimo de sus seguidores, cuanto del movimiento Revolución Ciudadana, de alguna manera el beneficiario de la victimización que se hace del alcalde, incluso de su familia.

Mientras la Justicia hace lo que le corresponde, el mundillo político se mueve para sacar provecho, comenzando por querer arrinconar al Gobierno, acusándole de interferir en el sistema judicial y de perseguir políticamente a sus rivales.

Se vienen marchas de protesta para respaldar al alcalde y censurar al Régimen, mientras organizaciones indígenas ya piensan en la revocatoria del mandato del presidente Noboa.

El Consejo de la Judicatura es otro “polvorín”. Está en juego nada menos que la presidencia titular de este organismo, si es que finalmente Mario Godoy es destituido por la Asamblea.

El encargado, un estudiante de Derecho, fue escogido en una jugada estratégica que ha dado mucho de que hablar.

Alcaldes, prefectos y juntas parroquiales no afectas al Gobierno, salieron a las calles para protestar por el proyecto del Ejecutivo, denominado Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gastos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante la cual el Gobierno busca que se prioricen los gastos de inversión sobre los gastos corrientes.

Según las autoridades seccionales, la ley reducirá los presupuestos para los GAD; además de “licuar” una deuda de $ mil millones. Exigen su archivo.

Hay problemas pendientes de resolver como la crisis en el sistema de salud pública, y el crimen organizado no da tregua.

Un popurrí de acontecimientos como para avivar la crispación social. Ojalá se imponga la serenidad.