En varios municipios, contribuyentes que pagan impuestos prediales y las tasas de recolección de basura se organizan para protestar por alzas excesivas, no compatibles con el verdadero avalúo catastral de sus propiedades.

Los alcaldes confían en sus equipos técnicos para determinar el incremento dispuesto en la ley.

Es de suponer que tienen directrices claras para hacer su trabajo de manera correcta. Si es así, por qué a la hora de la hora los contribuyentes, al momento de pagar se topan con valores inaceptables.

Quienes cobran los impuestos no tendrían el conocimiento real para explicar ante los reclamos ciudadanos, en algunos casos, elevados de voz y de palabra.

Para eso están los alcaldes, los concejales que integran las comisiones afines con los impuestos prediales, sus equipos de comunicación.

Ocurre que los burgomaestres, como los prefectos, están más inquietados en organizar y financiar las fiestas del Carnaval. 

Ante la presión popular, en varios cantones, incluso del Azuay, se ha suspendido temporalmente el cobro de los prediales, mientras se hacen los ajustes necesarios y legales.

Nada más insoportable que pretender abusar de un impuesto para mejorar los ingresos que, en muchos casos, no se revierten en obras, pero sí en gastos corrientes como financiar fiestas y abultar la burocracia.

Y, lo peor, que el alza se haga a “ojo de buen cubero”, confiando en el satélite, o confundiendo una media agua con una casa grande.

Sobre las tasas de recolección de basura, también hay reclamos. Supeditarlas, como ocurre en varias ciudades, al promedio de las tarifas por consumo de energía eléctrica de los 3, 4 o 5  últimos meses que precedieron a la decisión de dar por terminado los convenios con las empresas eléctricas, tampoco es correcto ni justo.

Los reclamos ciudadanos merecen de los alcaldes la debida atención y las soluciones reales.