Mientras se resuelve la demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica Reformatoria del Cootad para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, su vigencia obliga a estas instituciones a reformular sus presupuestos.

Varios alcaldes y prefectos cuestionan la Ley al creer que viola la autonomía de los GAD, restringe servicios sociales que otorgan en áreas como salud, educación, entre otras.

La norma les obliga a aplicar la fórmula 70/30; esto es, destinar, de manera escalonada hasta el 2028, el 70 % de sus presupuestos a la inversión; el 30 % a gastos corrientes. Así consta en la Constitución. Nunca la aplicaron, o lo hacen a medias.

Según el gobierno, gran parte de los dineros que por ley el Estado entrega a los GAD, o no se invierten por falta de planificación e inefectividad o lo gastan en fiestas, conciertos, bailes y otras frivolidades, a más de financiar una frondosa burocracia con sueldos descomunales y bajo denominaciones rimbombantes, muchas de ellas creadas sin ser necesarias.

Esto último no necesita demostrarse. La ciudadanía de cada cantón y provincia lo conoce con lujo de detalles.

La Contraloría ha detectado tales anomalías. Ha emitido informes con indicios de responsabilidad penal, resaltando la adulteración de documentos para hacer pasar gastos corrientes como si fueran de inversión.

Según varias autoridades seccionales, con la Ley se vuelve al centralismo. Convierte al Ministerio de Finanzas en “comisario” para determinar qué GAD cumple con la fórmula. El que no, se le mermarán las asignaciones. ¿Obligados a ser eficientes, a no despilfarrar los recursos?

Lo contradictorio está en que se  pone en el mismo saco las asignaciones estatales con las que recaudan los GAD. Estos son recursos propios.

La Ley se ha politizado al extremo de creer que su vigencia marca el inicio de la campaña electoral.

La Corte Constitucional tiene la última palabra.