Corren cuatro meses (podrían ser seis) para que la cuestionada Comisión Ciudadana de Selección presente su informe final con el nombre del nuevo Fiscal General de la Nación.

Hay 75 aspirantes. Provienen de varias provincias. Apenas uno del Azuay, lo cual no deja de ser sintomático.

El proceso, supervisado por el también cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), está en la fase de admisibilidad, durante la cual algunos candidatos podrían quedarse en el camino.

Tanto la Comisión como el Cpccs tienen la obligación legal, sobre todo ética y cívica, de llevar adelante el concurso sin el mínimo atisbo de irregularidad, peor de favoritismo.

Es lo menos que se puede esperar en medio de tantos cuestionamientos, percepciones, prejuicios y hasta cálculos políticos. 

La presencia de ciertos aspirantes ligados al gobierno, sea directa o indirectamente, ha llevado a que sobre el proceso de selección se ponga una tela de duda.

Para despejarla, convendría la aplicación estricta de las diversas fases establecidas para la elección final, entre ellas la de la impugnación ciudadana; igual la de oposición y recalificación.

Se dice que los mejores penalistas (un fiscal tendría que tener esta especialidad), profesionales que se desempeñan con “probidad notoria”, que son buenos litigantes (un requisito clave para poder sustentar) no intervienen en el concurso, a lo mejor porque no lo desean, o por no estar de acuerdo por la forma en la que se organizó la competición.

Pero lo hecho, hecho está. Por eso mismo, los medios de comunicación independientes, en especial la ciudadanía, deben seguir a pie juntillas el desarrollo del concurso, y actuar si es del caso al ver el mínimo vericueto.

Después de todo, se está eligiendo nada menos que al Fiscal General, el que dirige, de oficio o por petición o denuncia, la investigación de delitos, incluyendo la parte preprocesal.