Los diferentes casos de corrupción cometidos en los diversos gobiernos que se han sucedido desde que se reanudó la democracia en el Ecuador revelan cuan profundas están las raíces de esta pandemia social.

Cada gobernante suele prometer que durante su administración habrá cero tolerancia contra quienes intenten perjudicar al erario nacional, incluyéndose él mismo.

Empero, los hechos demuestran todo lo contrario. Casi que no hay excepción al señalar que cada Gobierno carga con sus pecados corruptos. 

Muchos quedaron impunes, sea porque las investigaciones se esfumaron; sea porque, una vez judicializados, contaron con la vara torcida de la justicia; o habiendo sido sentenciados huyeron del país. Ninguno ha devuelto un solo dólar robado.

Cuesta creer que ciertos funcionarios, entre ellos ministros de Estado, cuya solvencia económica, se supone, les da para vivir cómodamente, se dejan sobornar o exigen sobornos a través de terceros.  

El caso Progen o caso Apagón es la muestra más palpable de cómo funcionarios públicos de todo rango se han confabulado para perjudicar al país, aprovechando de la crisis eléctrica en 2024.

Cómo aceptar que personas de bien, con familias cuya honra deben proteger; a lo mejor que alguna vez aprendieron lo que es la ética, se dejen tentar por la corrupción, y tarde o temprano caen en desgracia.

Imposible que un gobernante esté en todo lado como para descubrir cuándo, cómo y quiénes, arman o se asocian para robarle al pueblo. O lo sabrá también.

Pero es el que carga con el peso de la responsabilidad moral y política.

Y lo más cruel es que los funcionarios investigados, o los intocables, carecen de pudor como para renunciar. Al contrario, se los premia.

La corrupción es la peor gangrena que sufre el Ecuador; y en vez de contribuir para curarla, muchos burócratas y privados la alimentan. Triste.