La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, una vez más, ha desnaturalizado su rol fundamental.

A punta de abstenciones logró bloquear la posibilidad de que avance la propuesta de juicio político en contra de la exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano.

Bloqueó la moción para que se califique aquel proceso. Ni siquiera hubo debate. Y allí murió todo.

Manzano, al igual que el actual ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, si bien no fue sindicada por Fiscalía en la investigación del caso Progen o Apagón, se presume que mucho tiene que decir sobre un acto de corrupción que salpica al Gobierno.

Los dos, tiempo atrás, ya fueron liberados de tener, cuando menos, responsabilidad política, otra de la resoluciones de la citada Comisión Legislativa, dominada por el oficialismo y sus cognados. 

Ni siquiera el audio difundido la semana anterior, en el cual la exministra y la legisladora Diana Jácome, presuntamente, intercambiaron estrategias de coordinación para evitar el primer intento de juicio político.

Jácome niega a pie juntillas sobre su participación en ese audio; pero Manzano no ha desmentido que no sea su voz. 

No es la primera vez que la Comisión de Fiscalización pasa por alto una situación incómoda, por decir lo menos, para el Gobierno. Debería ser el primero en exigir que el caso Progen también sea ventilado en la Asamblea. ¿A qué se teme?

Si la Comisión renuncia a esa facultad, o la ejerce según las conveniencias, o se agazapa en el silencio, se convierte en un ente anodino. 

En estos últimos días, investigaciones periodísticas descubren más y más vericuetos y ligazones del entramado, a tal punto de revelarse que el Gobierno habría sido avisado de que le iban a vender chatarra para producir energía eléctrica.

La Justicia tiene el reto de dar con los “peces gordos” que se llevaron la plata. La Asamblea, por lo visto, trata de evadirlos.