Designar a las autoridades que por ley debe hacerlo, se ha vuelto casi que en misión imposible para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El que está o estaba en marcha, la elección del nuevo fiscal general del Estado, vuelve a empantanarse.

A la Comisión Ciudadana de Selección cuya integración fue ampliamente cuestionada, igual que la probidad de quien la dirige, hace pocas horas se le venció el plazo para que cumpla su obligación.

Puede pedir la ampliación del plazo (dos meses más), pero tal como están las cosas en el Cpccs nada es seguro.

En este organismo, pomposamente llamado también Quinto Poder, hay problemas de fondo, entre administrativos, pugnas políticas y ambiciones reeleccionistas.

Ni bien dio inicio el concurso, hubo el compromiso de designar al nuevo fiscal general hasta diciembre próximo o febrero del 2027, plazo que se redujo a octubre del presente año, luego que la Comisión aprobara la actualización del calendario, aún no confirmado por el pleno del Cpccs.

Días atrás, uno de los consejeros renunció no sin antes haber cuestionado que sea una Comisión la que, en la práctica, termine nombrando a tan alta autoridad del Estado; y que ellos no tengan más que decir: “amén”.

A esa renuncia se añade que el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, está de vacaciones.

Y no solo eso. Varios de los consejeros actuales buscarán la reelección en el proceso a efectuarse en noviembre próximo para elegir alcaldes, concejales, prefectos y juntas parroquiales.

Es más, si el presidente Daniel Noboa resuelve que junto con las elecciones seccionales se haga la consulta popular para quitarle al Cpccs la facultad constitucional de nombrar autoridades de control, de ganarla, se ignora cómo quedará el proceso de selección del fiscal general.

Una elección, por el momento en el limbo; sin mediar que habría otros intereses para que eso ocurra.