Poco tiempo le queda al presidente Daniel Noboa para decidir si quiere someter a referéndum el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El presidente propuso que a ese organismo se le retiren las atribuciones para nombrar a las diferentes autoridades de control.

La Corte Constitucional aprobó la propuesta hace tres meses. El mandatario debe convocar a referéndum para que el pueblo decida si se le quita o no aquellas atribuciones al Consejo.

Según los tiempos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el decreto debe remitírselo como máximo hasta el 15 de septiembre próximo, a fin de realizar la convocatoria, con lo cual el referéndum empataría con las elecciones seccionales.

Sin embargo, Noboa no da señales. El asunto es complejo y, por lo tanto, está sujeto a variabilidades de toda naturaleza.

El Cpccs ha retomado el proceso para elegir al nuevo fiscal general, empantanado por divergencias con la Comisión Ciudadana de Selección, de reclamos de más de uno de los concursantes, más los cuestionamientos de organismos internacionales.

Según las disposiciones, si ganare el Sí en el referéndum, todos los concursos en trámite que lleva adelante el Cpccs serán declarados desiertos.

Si esa fuera la decisión popular, las atribuciones para elegir autoridades de control volverán a la Asamblea Nacional.

El Gobierno debe estar analizando estas y otras posibilidades, incluyendo un revés electoral, como ya ocurrió antes.

Lo cierto es que el Cpccs ha sobrevivido a tantas intenciones para eliminarlo o restarle atribuciones, pese a su pasado nefasto.

También podría ocurrir que el nuevo fiscal sea electo antes del eventual referéndum, o que al Gobierno le convenga que siga el actual subrogante del subrogante, para muchos, adaptable a sus intereses.

Como se ve, el asunto no es tan fácil, amén de que el presidente pondrá en juego su capital político, cada vez en descenso, en las seccionales.