Los líos que enredan a alcaldes de varias ciudades superan el asombro y, como coletazo, emiten señales de cómo una dignidad de elección popular puede ser utilizada para fines protervos.
Algunos de ellos fueron asesinados en condiciones casi nunca esclarecidas del todo. Y, por lo general, pertenecieron a jurisdicciones donde impera la minería ilegal y el narcotráfico, actividades gemelas.
La realidad ha demostrado que varios burgomaestres se dedicaron a la política, no tanto para servir a sus pueblos, más bien para tapar sus andanzas por el mundo del delito, buscar protección; fuero de corte, de ser el caso, y hasta inmunidad.
Otros aprovecharon para montar empresas a nombre de terceros y enriquecerse auto entregándose contratos, cuando no para lavar dinero, o dejarse comprar por el crimen organizado.
Semanas atrás, la Contraloría asombró al señalar que un gran cantidad de alcaldes y prefectos han aumentado sus fortunas de manera sospechosa, si bien algunos trataron de justificar señalando errores al momento de declarar sus bienes.
Lo que acaba de ocurrir con el exalcalde de Ponce Enríquez, un cantón costanero del Azuay considerado entre los más violentos, cuya principal actividad económica es la minería, la ilegal sobre todo, libera de cualquier comentario.
La Fiscalía habría recabado todos los indicios tras varios meses de investigación para asestar el operativo policial y detener al exalcalde, a su esposa y otros familiares.
Durante le etapa investigativa, el Ministerio Público recabará más indicios como para pedir el enjuiciamiento penal de aquel personaje, quien, según el ministro del Interior, Jhon Reimberg, estaría ligado a uno de grupos criminales más temidos.
Son alertas más que suficientes como para en las próximas elecciones, la ciudadanía, porque los conoce, elija alcaldes, concejales y prefectos cuya hoja de vida no esté contaminada con el delito.