Los electores, con justa razón, aspiran a contar con el mejor alcalde, el mejor prefecto o la mejor junta parroquial rural (JPR).

Aunque a medias, ya conoce quiénes aspiran a esas dignidades.

Todos hablan sobre ellos. Varios han ocupado esos cargos y esperan volver a hacerlo. Otros aspiran por primera vez; quienes los ostentan quieren continuar.

Es la dinámica de la política electoral, de la que también forma parte la presentación obligatoria de los planes de trabajo ante el CNE, si bien poco conocidos, peor confrontados por la ciudadanía.

Son los que administran las ciudades y provincias en base al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de sus propias ordenanzas, y de sus propios presupuestos.

Son las autoridades más cercanas a sus ciudadanos, cuyas aspiraciones, necesidades, reclamos, su supone que las conocen al detalle.

Se les exige tener experiencia, conocimiento de los problemas y sus soluciones, ser ejecutivos, dotes administrativos, capacidad resolutiva, disposición para el diálogo, ser autocríticos. Esto, y mucho más.

Sin embargo, pocos hablan de la calidad que también deben tener los Concejos Cantonales, los futuros miembros las Cámaras Provinciales, de las JPR.

Se dice que un buen alcalde hace un buen Concejo Cantonal; pero también a la inversa, siempre que se piense en el pueblo, no en defender su metro cuadrado.

De allí también la necesidad de elegir bien a los futuros concejales y vocales de las JPR. Claro, todo depende de la calidad de los candidatos.

Se ha visto que, con pocas excepciones, en el pasado se eligieron concejales a los que les quedó demasiado grande el cargo. A muchos, la ciudadanía ni siquiera los conoce; otros confunden sus roles o se dedican a obstruir, menos a proponer, precisamente por su incapacidad.

Urge, entonces, que el electorado delibere con responsabilidad sobre quiénes, de verdad, merecen ser concejales o miembros de las JPR.