Es por demás recurrente ver que las dializadoras contratadas, sea por el Ministerio de Salud Pública o por el IESS, y los propios pacientes renales, reclamen al Estado, en el primer caso, porque no cobran por sus servicios; en el segundo, porque no reciben el tratamiento con la frecuencia debida, o, en el extremo, ninguna.

Esas dos instituciones adeudan decenas de millones de dólares a las clínicas privadas a donde acuden los pacientes derivados.

Sus equipos de diálisis no funcionan por arte de magia, peor por la simple voluntad de los profesionales que las operan.

Necesitan insumos médicos, el personal calificado tampoco es que lo hace gratis, deben pagar por servicios como luz, agua, entre otros.

El Estado, desde hacía varios años, dejó acumular las deudas, tanto por indisponibilidad financiera, cuanto por el inoportuno y negligente proceso de revisión y auditorías de las planillas reportadas.

Ninguna dializadora ha de tener dinero suficiente, “de sobra”, dirán muchos, como para resistir tanto tiempo sin recibir lo que le corresponde mes tras mes, cobrando a cuentagotas y tras advertencias de que suspenderá sus servicios.

En semejantes circunstancias, los que sufren las consecuencias de la morosidad estatal son los 20 mil pacientes que, sí o sí, deben someterse a esas terapias para sobrevivir.

Deben hacerlo tres veces por semana y durante cuatro horas.

Según denuncian “por enésima vez”, el tratamiento les ha sido restringido a dos veces y a tres horas diarias. Esto pone en riesgo sus vidas.

La salud de esos enfermos no puede seguir a merced de la conformación de “mesas técnicas”, otro de los tantos mecanismos burocráticos creados para solapar, dar largas al asunto, y a la final, desentenderse del problema.

Solo un Estado indolente e instituciones sin dosis de humanismo pueden llegar a esos extremos, reprochables aquí y en cualquier parte del mundo.