El respeto a las instituciones no significa inmunidad frente a la crítica. Fiscalizarlas, exigir explicaciones y cuestionar su gestión son ejercicios legítimos en democracia. Lo que resulta preocupante es convertirlas en escenario de una política diseñada para los reels de tik tok. La denominada “clausura simbólica” de la Prefectura del Azuay, protagonizada por un candidato a esa dignidad que con sellos y carteles que simulaban una intervención oficial, generó un espectáculo que puede llamar la atención en redes sociales, pero aporta poco a la pedagogía política que debería acompañar una campaña electoral.

Igualmente desafortunado resulta que desde la Presidencia se responda con sorna a la participación de personal de la Prefectura en la Marcha por el Agua. El presidente Daniel Noboa afirmó que le “da risa” ver marchando a la Prefectura y vinculó a sectores políticos con la minería, aunque en esas declaraciones no presentó detalles que sustentaran algunas de esas acusaciones. Si existen responsabilidades políticas sobre Quimsacocha, minería ilegal o decisiones adoptadas en administraciones anteriores, corresponde señalarlas con nombres, documentos y pruebas. Lo que no corresponde es que esas diferencias terminen descalificando una movilización que volvió a congregar a miles de ciudadanos, organizaciones sociales y universitarias alrededor de una preocupación que Cuenca y el Azuay han sostenido durante años: la protección de sus fuentes hídricas.

En ambos episodios hay un problema que trasciende a sus protagonistas. La Prefectura no pertenece a quien temporalmente la administra ni a quien aspira a administrarla; representa una institucionalidad construida para servir a los ciudadanos. Del mismo modo, la Presidencia no debería utilizar su posición para reducir el desacuerdo político a la burla. Las democracias necesitan instituciones sometidas al escrutinio, pero también actores políticos capaces de distinguir entre confrontar ideas y degradar aquello que nos representa colectivamente. Quienes aspiran a gobernar y quienes ya gobiernan fijan, con sus actos y sus palabras, parte de los estándares de convivencia pública. Si desde allí se normalizan la teatralización y el agravio, difícilmente podrá exigirse después a la ciudadanía el respeto que las propias instituciones necesitan para cumplir su función.