En materia de libertad de prensa, Ecuador no anda tan bien tras la “buena salud” que gozó durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

Que determinado gobierno ponga cortapisas al trabajo periodístico, de manera soterrada impulse la autocensura, acose a los medios mediante los organismos de control del Estado, imponga el miedo a los auspiciantes, no es nada del otro mundo.

Más bien, eso es propio de regímenes con tintes  autoritarios, que no creen en los contrapesos que en toda buena democracia debe haber, minimizan a los opositores y se dejan obnubilar por el poder.

Disponer que los ministros de Estado y otros altos funcionarios del Gobierno no acudan cuando un medio de comunicación, por considerar que no “les cae bien”, les llame para entrevistarlos; o exigir que previamente les envíen las preguntas; o que sus asesores propongan qué y sobre qué preguntar, va en contra de los cánones del ejercicio periodístico.

Lo peor es que dentro de la misma “clase periodística”, variopinta, hasta por demás, haya quienes creen que los funcionarios públicos, sobre todo los del Ejecutivo, tienen derecho a escoger qué medios, a qué periodistas nomás, dar entrevistas, entregar información.

Eso no es ni ético, ni propio de quienes, de verdad, se consideren periodistas; de medios de comunicación serios, responsables, que saben que el único dueño de la información es el pueblo, no el gobierno de turno.

¿Qué gobernante emulará a Donad Trump quien ordenó qué medios y que periodistas pueden ingresar a la Casa Blanca para la cobertura informativa, y a otros expulsarlos? ¿Llegaremos a estos extremos? ¿O ya es suficiente con que se haya emulado los tiempos del correato?

La libertad de prensa, o es íntegra, total, diáfana, o no es nada.

Tratar de involucrarla como parte de la polarización entre correísmo y anticorreísmo, esté último, heterogéneo, inestable, impredecible, y de la cual se quiere sacar provecho, para nada es saludable.