Según el Secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, la red de corrupción de empresas privadas involucradas en el caso Apagón, más conocida como Progen, también actuó en 2023.

Que así lo diga debe ser porque todos los caminos indagados le condujeron a semejante conclusión.

Se trata del caso Nudos. Su trama parte cuando la CELEC adjudicó un contrato por USD 15.4 millones al consorcio Autotrafo EC, con el cual estaría vinculada Carla Saud, la lobista de Progen.

Deduciendo la versión de Neira, se configura toda una maraña de irregularidades que van desde haber presentado cuentas bancarias que no le pertenecían a Autotrafo EC, hasta cartas de instrucciones falsificadas.

Todo eso lleva a presumir la existencia de un fraude instrumentalizado a la perfección, suficiente como para haber hecho transferencias indirectas a intermediarios y subcontratistas.

De acuerdo al funcionario, “las mismas entidades aparecen como receptoras en dos contratos distintos, lo que sugiere una reutilización de estructuras societarias y canalización recurrente de fondos públicos hacia los mismos actores”.

Se creería que los lobistas de empresas internacionales, los que casa adentro se prestan para ser intermediarios, subcontratistas, sea como personas naturales o jurídicas, conocen milímetro a milímetro las “debilidades” existentes en los ministerios y empresas bajo cuya responsabilidad está la dotación de los servicios de energía.

Les ha venido bien a estos pícaros, que el Ecuador, desde hacía varios años pase por una severa crisis eléctrica, lo que obliga a las declaratorias de emergencia de cuyas facilidades contractuales se aprovechan para hacer sus negocios pingues.

Tendrían información privilegiada; los proveedores están la caza, siempre prestos los lobistas, y, quién sabe, si en el pasado hasta pusieron ministros y gerentes de las empresas para estafar al Estado.

Pero parece que se les acaba la fiesta.