La visita del presidente Daniel Noboa a la Universidad de Cuenca, con la finalidad de presentar el proyecto de residencia universitaria en el campus Balzay, pudo convertirse en una oportunidad para destacar una obra necesaria para los estudiantes. Sin embargo, el despliegue de seguridad, las manifestaciones estudiantiles y la presencia de actores vinculados al oficialismo terminaron por desplazar la atención hacia un conflicto que pudo evitarse. La gestión pública tiene el legítimo interés de comunicar sus resultados, pero cuando estos actos adquieren una dimensión política, particularmente en escenarios de creciente tensión con la ciudadanía, el beneficio de una obra puede quedar subordinado a la controversia que provoca su presentación.

La autonomía universitaria, reconocida en la Constitución, no significa desconocer las responsabilidades de seguridad que acompañan una visita presidencial.  Sin embargo, las protestas registradas no deberían sorprender a un Gobierno que conoce los cuestionamientos ciudadanos sobre sus decisiones. Tampoco corresponde asumir que toda manifestación constituye una amenaza. Conviene distinguir entre la legítima protección de una autoridad y una demostración de fuerza que pueda interpretarse como una forma de intimidación.

En Cuenca, además, estos hechos no pueden analizarse al margen de una relación cada vez más sensible entre el Gobierno y sectores de la ciudadanía, particularmente por las diferencias alrededor de la defensa del agua. La presencia presidencial pudo contribuir a abrir espacios de diálogo, pero terminó alimentando una confrontación cuyas consecuencias políticas también podrían alcanzar a quienes representan al oficialismo en el ámbito local.