Una migrante oriunda de Cuenca enfrenta una situación límite: fue multada con 1,8 millones de dólares por el gobierno de Estados Unidos por permanecer en el país a pesar de tener una orden de deportación emitida en 2014.
El caso fue confirmado por William Murillo, director ejecutivo de 1-800 Migrante, quien acompaña a los familiares de la afectada.
Vivía en New Jersey y trabajaba en una fábrica
La migrante ecuatoriana, de 45 años de edad, llevaba 18 años residiendo en Estados Unidos, donde trabajaba en una fábrica en el estado de New Jersey.
“Cuando vi los documentos, me quedé frío. Pensé que era un error, pero no. La señora tenía una orden de deportación y le contabilizaron cada día desde entonces como una infracción, sumando hasta 1,8 millones de dólares”, señaló Murillo.
Sin empleo y atrapada por una multa desproporcionada
Actualmente, la mujer está desempleada, tiene familia en EE.UU. y vive con temor constante de ser detenida. “No puede trabajar, no puede salir. Con una multa así, es exponerse a todo”, añadió el representante de 1-800 Migrante.
¿Qué opciones tiene la migrante ecuatoriana?
Murillo explicó que la única forma de enfrentar esta situación es contratar un abogado especializado en migración que analice si existen argumentos legales para permanecer en el país. “Puede ser que fue víctima de persecución, de violencia, que no presentó un caso de asilo… todo eso debe evaluarse”, afirmó.
De no encontrarse una vía legal clara, la única salida negociada sería la condonación total de la deuda a cambio de una deportación definitiva.
Una advertencia para la comunidad migrante ecuatoriana
El caso de esta mujer cuencana es un reflejo de lo que viven muchos ecuatorianos que, por miedo, desconocimiento o falta de acceso a asesoría legal, incumplen procesos migratorios que luego tienen consecuencias devastadoras.
“Ahí están las consecuencias. No es que no pasa nada”, concluyó Murillo.
Llamado urgente a las autoridades ecuatorianas
Este hecho se convierte en una advertencia y una llamada de atención a las autoridades de Ecuador sobre la urgencia de brindar apoyo legal, asistencia consular y políticas migratorias más humanas que protejan a quienes han salido del país en busca de oportunidades y ahora enfrentan un sistema cada vez más punitivo. (I)
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