La administración de Donald Trump anunció nuevas restricciones para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, al exigir que la mayoría de los inmigrantes abandonen el país y completen el trámite desde consulados o embajadas estadounidenses en el extranjero.
La medida modifica el sistema vigente, que permitía a cientos de miles de personas solicitar la residencia sin salir del territorio estadounidense mediante el llamado “ajuste de estatus”.
La decisión, comunicada el 22 de mayo de 2026 por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), marca uno de los cambios más sustanciales en materia de migración legal desde el retorno de Trump al poder y ha generado cuestionamientos entre especialistas, organizaciones humanitarias y legisladores demócratas.
Zach Kahler, portavoz de USCIS, señaló que la medida busca restablecer el funcionamiento original del sistema migratorio y evitar que solicitantes permanezcan ilegalmente en el país tras una eventual negativa.
¿Qué cambia con la nueva política?
La nueva disposición establece que la mayoría de los extranjeros con estatus temporal deberán salir de Estados Unidos para solicitar la residencia permanente, conocida como «green card», desde su país de origen.
Con el cambio, el proceso se traslada principalmente al sistema consular estadounidense.
Cómo funcionará el nuevo procedimiento
Los solicitantes deberán:
- Salir de Estados Unidos una vez presentada o iniciada su petición.
- Acudir a un consulado o embajada estadounidense.
- Someterse a evaluación individual.
- Esperar una resolución fuera del territorio estadounidense.
Quiénes pueden quedar exceptuados
El memorando contempla excepciones extraordinarias que serán evaluadas caso por caso.
Aunque el gobierno no detalló todos los criterios, sugiere salvedades, como los titulares de visas de “doble intención” —entre ellas la H-1B para trabajadores altamente cualificados—, quienes podrían seguir tramitando la «green card» sin salir de Estados Unidos.
Cómo operaba el ajuste de estatus
El ajuste de estatus permitía a personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos con visas temporales —como estudiantes, trabajadores o visitantes—solicitar la residencia desde territorio estadounidense si cumplían requisitos legales.
Este mecanismo les permitía continuar con sus estudios o empleo, evitar separaciones familiares prolongadas y reducir costos de traslado.
Cada año, cerca de 500.000 personas obtenían la residencia o «green card» mediante esta vía.
Según cifras oficiales, Estados Unidos otorga más de un millón de green cards al año, y más de la mitad eran procesadas dentro del país.
Los grupos más afectados
Doug Rand, exfuncionario de U.S. Citizenship and Immigration Services, afirmó en una entrevista con CBS News que estos cambios pueden impactar a cientos de miles de casos.
Entre los principales afectados se encuentran:
- Cónyuges inmigrantes de ciudadanos estadounidenses que ingresaron con visas de estudiante u otras visas temporales.
- Trabajadores con permisos temporales de empleo.
- Familias con procesos migratorios en curso.
- Personas con trámites judiciales o administrativos pendientes ante las autoridades migratorias.
- Para muchos migrantes, salir de Estados Unidos implica la posibilidad de enfrentar largos periodos de espera sin garantías de retorno.
Reacciones de expertos
Michael Valverde, ex alto cargo de UCIS, advirtió que la disposición podría alterar los planes de cientos de miles de familias y empleadores.
El exfuncionario calificó la decisión como “una medida sin precedentes” que limitará la inmigración legal a Estados Unidos.
Doug Rand alertó sobre el impacto en matrimonios binacionales y familias con hijos nacidos en territorio estadounidense.
Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, cuestionó la medida y afirmó que afectará a personas que viven, trabajan y cumplen los procesos legales en Estados Unidos.
Preocupación por grupos vulnerables
La organización humanitaria HIAS manifestó preocupación por el efecto sobre poblaciones vulnerables.
Entre los casos más sensibles identificó:
- Víctimas de trata de personas.
- Niños abandonados o maltratados.
- Personas obligadas a regresar a países donde enfrentan peligro.
La entidad advirtió que el margen de discrecionalidad administrativa podría derivar en decisiones desiguales. (I)
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