Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron decenas de cuerpos alineados en una plaza este miércoles 29 de octubre de 2025, un día después de la operación policial que ya es la más mortal de Brasil, con el último balance oficial de 119 muertos.

Un periodista de AFP vio un decapitado, un fallecido con la cabeza destrozada y algunos vecinos denunciaron «ejecuciones».

El letal operativo, que se produjo una semana antes de que Brasil acoja la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Rio que opera en las favelas.

Tras dar cuenta de una sesentena de muertos la víspera, las autoridades de Rio anunciaron este miércoles un último dato actualizado de 119 muertos, de los cuales 115 sospechosos y cuatro policías.

La defensoría pública del estado de Rio cifró en 132 el número total, en un mail enviado a la AFP.

El martes se registraron escenas de guerra en Rio: hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar «bombas», según las autoridades.

– «Un éxito» –

La operación fue un «éxito«, dijo a la prensa el gobernador conservador Cláudio Castro, defendiendo que las únicas víctimas fueron los cuatro policías muertos.

Las autoridades de Rio defienden la mano dura contra el «narcoterrorismo», mientras organizaciones como la ONU criticaron la actuación policial.

También el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dijo «horrorizado», según su ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien afirmó que Brasilia no tuvo conocimiento previo de la operación.

Los cadáveres hallados por los vecinos fueron dispuestos cerca de una de las principales vías del Complejo da Penha, una de las zonas donde tuvo lugar la operación.

«El Estado vino a masacrar, no fue una operación. Vino directo a matar, a quitar la vida, hay muchos muertos», dijo a la AFP una mujer que no se identificó, mientras colocaba la mano sobre el rostro de un joven muerto.

«Hay personas ejecutadas, muchas de ellas con un tiro en la nuca, un tiro por la espalda, esto no puede ser considerado seguridad pública», dijo por su parte el vecino y activista Raull Santiago, de 36 años.

El abogado Albino Pereira Neto, que representa a tres familias que perdieron a algún pariente, denunció que las víctimas «fueron sometidas y asesinadas fríamente».

Los cuerpos fueron posteriormente envueltos en bolsas y llevados a la morgue.

El gobernador Castro negó que la policía hubiese podido matar a inocentes durante esta operación fruto de una investigación de más de un año.

«El conflicto fue en el bosque. No creo que hubiese nadie paseando por el bosque durante un día de conflicto: por eso se puede clasificar tranquilamente» de criminales a los fallecidos, dijo este aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

«Cualquier error de clasificación, será seguro residual», agregó.

– Lula se reúne con ministros –

Lula reunió este miércoles a varios de sus ministros en su residencia oficial en Brasilia.

Una delegación de su gobierno tiene previsto viajar a Rio para mantener una «reunión de urgencia» con Castro.

Organismos internacionales y organizaciones civiles condenaron la operación.

La ONU se dijo «horrorizada» y 30 entidades, incluida Amnistía Internacional, denunciaron que la acción pone a la ciudad «en un estado de terror».

Hasta ahora la actuación contra el crimen mas letal en la historia de Brasil era la masacre de Carandiru ocurrida el 2 de octubre de 1992.

Ese día 111 detenidos fueron asesinados en una intervención de la policía militar que buscaba controlar un motín en ese penal del estado de Sao Paulo.

El megaoperativo provocó el caos el martes en Rio. Escuelas suspendieron clases, el transporte público colapsó y miles de habitantes quedaron atrapados sin poder regresar a sus casas.

El gobernador Castro ordenó este miércoles reforzar el patrullaje en todo el territorio del estado, particularmente en las principales vías expresas, los accesos a la región metropolitana y el transporte público, según un comunicado de su despacho. AFP