Con los aportes ciudadanos, que provinieron del aumento de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del descuento en los salarios, se alimentó un fondo con el que se construyeron 11 proyectos que resultaron inútiles, mal construidos, elefantes blancos o solo fueron decorativos, así lo determinó el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, que sentenció por esto a 13 años de prisión al exvicepresidente Jorge Glas.
La ponente del tribunal, la jueza Mercedes Caicedo, señaló que tanto Glas, como Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, avalaron proyectos que resultaron inservibles y no cumplieron su función primordial: mejorar la vida de los habitantes de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril del 2016.
Es que mientras las personas en estas provincias continúan, hasta la actualidad, viviendo en carpas, sin servicios básicos y sin sitios adecuados para recibir atención médica, Glas y Bernal, como presidente y secretario de la Reconstrucción, respectivamente, priorizaron proyectos que no ayudaban en nada a mejorar su situación.
Obras innecesarias y mal hechas
Dentro de los proyectos priorizados innecesariamente, la jueza puso como ejemplo lo sucedido con el parque Las Vegas, el cual se construyó en una zona de alta probabilidad de inundación, ya ha pasado en más de una ocasión; se señaló que una explanada de este tipo no ayuda en nada a las víctimas, ni siquiera ha impulsado la economía del sector, como se ofreció inicialmente.
Además, los proyectos han quedado abandonados, pues muchos están incompletos, se construyeron en zonas altamente sísmicas, sobre fallas, no son sismo resistentes y están en áreas vulnerables.
Por ejemplo, el puerto pesquero de Crucita se hizo con capacidad para 30 barcos, pero en el sector existen cerca de 100 embarcaciones, es decir, no cumple con la capacidad necesaria.
Otro ejemplo que puso la jueza fue el Espigón de San Mateo, un puerto pesquero no que no es utilizado, al que calificó como «elefante blanco», pues es «una obra bonita, que no sirve para nada».
“La priorización fue injusta y abusiva, con nulo respeto a la Ley de Solidaridad y a las víctimas del terremoto. Se dejaron de atender necesidades básicas de las víctimas del terremoto; en lugar de casas, escuelas y servicios básicos, se hicieron obras inútiles”, recalcó la jueza Caicedo, del caso Reconstrucción de Manabí.
Beneficio para familiares
En el detalle de las responsabilidades de cada uno de los procesados, la jueza recalcó cómo Carlos Bernal presionó para que se avance en las obras y se realicen los pagos, detrás de esto había un interés personal, 10 contratos, que ascendieron a 165 millones de dólares, fueron adjudicados a la empresa Concrenor, de la cual su cuñado y su esposa eran accionistas.
“En conclusión, no solo era secretario, insistía en los pagos, al entonces ministro de Economía, Fausto Herrera, porque buscaba el beneficio de sus familiares, los recursos de los ecuatorianos fueron a parar a las arcas de su familia”, afirmó la jueza.
Roberto Calderón, abogado de Bernal, señaló que no existen pruebas de que la familia de su cliente se benefició de los contratos para la reconstrucción, además, anticipó que el exsecretario no volverá al país para enfrentar a la justicia, pues reside en Estados Unidos desde el 2018.
Nueva sentencia contra Glas
Con la sentencia emitida este 30 de junio del 2025, en el caso Reconstrucción de Manabí, el exvicepresidente, preso en la cárcel La Roca desde abril del 2024, suma una tercera sentencia por corrupción, las dos anteriores se emitieron por los casos Odebrecht y Sobornos.
La defensa de Glas logró la unificación de las dos primeras penas, con lo que la suma de 14 años se convirtió en 8 años de sentencia, la cual, tomando en cuenta que está preso desde octubre del 2017, estaba por cumplirse en tres meses, pero, ahora permanecerá preso por el caso Reconstrucción de Manabí.
La jueza estableció para Glas y Bernal una sentencia de 13 años de prisión como coautores del delito de peculado; además, deberán pagar una reparación integral de 250 millones de dólares y una multa de 70 salarios básicos unificados (32.900 dólares)
Por el caso Reconstrucción de Manabí, Bernal y Glas también tienen que pedir disculpas públicas, perderán sus derechos políticos por 25 años y no podrán volver a ocupar cargos públicos de por vida.
