El presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional una propuesta de reforma parcial a la Constitución, en la que se propone la castración química a los violadores y la creación de un registro que les impedirá participar en actividades con niños, niñas y adolescentes. Ninguno de los dos temas es nuevo, se trataron antes en la Asamblea Nacional, pero ninguno entró en vigor.
Héctor Yépez, exasambleísta, recordó que, en 2019, desde la bancada de CREO, se propuso que la castración química a los violadores sea incluida en una reforma al Código Integral Penal (COIP) que se debatía en ese momento; pero, aunque recibieron un amplio apoyo ciudadano, en la Asamblea Nacional el correísmo se opuso.
“Principalmente el correísmo, pero también desde otras bancadas, se alegó que la norma violentaba derechos humanos, por eso, no se permitió que ni siquiera pase de la Comisión en la que se trataba la reforma al COIP, no se la sometió a debate”, afirmó Yépez.
¿Cómo se aplica la castración química?
Héctor Yépez rememoró que la propuesta del 2019 involucraba que los violadores, una vez que haya cumplido su pena y vaya a salir en libertad, sea sometido a una castración química, para evitar el riesgo de reincidencia.
“No es una mutilación física, es una terapia médica para inhibir la testosterona, disminuir el impuso sexual y la violencia de estas personas; incluso, no es irreversible; tampoco es un método de tortura. Es una alternativa a otro tema que también planteamos y la Corte nos dijo no: la cadena perpetua, que nos parecía más afectiva”, afirmó Yépez.
En la propuesta de reforma a la Constitución el presidente Noboa argumentó que entre el 10 de agosto de 2014 y 31 de mayo de 2025, la Función Judicial registró 71.270 procesos por delitos sexuales, de los cuales, el 22% fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
Según el argumento del Gobierno, el 50 % de las personas sentenciadas por violación reinciden, por lo que el sistema judicial, por sí solo, ha demostrado ser insuficiente para evitar que agresores previamente condenados por delitos sexuales reincidan o incluso puedan acceder a entornos en los que circulan niños y adolescentes.
Una ley aprobada que se desechó
También en 2019, por iniciativa de la asambleísta por el Azuay, Lourdes Cuesta, se debatió en la Asamblea Nacional la ley que creaba el Registro Nacional de Violadores, Abusadores y Agresores de Niños y Adolescentes, la cual fue aprobada por unanimidad en el Legislativo.
Sin embargo, el expresidente Lenín Moreno vetó la norma por inconstitucionalidad y, tras analizarla, la Corte Constitucional declaró a la ley como atentatoria de la Constitución, por discriminar a los sentenciados por violación.
“Tras un análisis técnico, en el que expertos nos presentaron pruebas de que estas personas no se rehabilitan y pese a que argumentamos que debía primar el bien superior del menor, la Corte nos dijo que no se podía condenar de por vida a estas personas”, señaló Cuesta.
Pese a esto, la exlegisladora es optimista y espera que esta vez la Corte Constitucional, “sin injerencia política”, corrija el error que cometió en 2019 y permita la creación de este registro de violadores, cuyo objetivo es evitar que quien haya incurrido en este delito trabaje o realice actividades cerca de los niños.
Filtro de la Corte Constitucional
Antes de que la propuesta del presidente Daniel Noboa sea debatida en la Asamblea Nacional, necesita pasar el control previo en la Corte Constitucional, en el que se establecerá si esta restringe derechos y garantías constitucionales; además definirá si el mecanismo a emplearse es reforma o enmienda a la Constitución.
Para el constitucionalista José Chalco, al momento no se puede definir si la propuesta es constitucional o no, pues no tiene ningún contenido; el presidente propone que, una vez que sea aprobado el referéndum, se otorgue un plazo de seis meses para que la Asamblea elabore la ley.
Adicionalmente, el experto ve en el documento errores de forma, pues en el texto ingresado a la Corte, a veces se habla de enmienda y otras de reforma.
“La propuesta debe salir de un espacio de respuesta en lo estrictamente político, para ser una cuestión técnica, seria y responsable con la gente”, argumentó Chalco.
Por su parte, para el constitucionalista Ismael Quintana existen precedentes en los que la Corte se ha pronunciado en contra de propuestas similares, como la cadena perpetua a los violadores, por lo que ve poco probable que esta vez dé paso a esta reforma.
“La Corte se ha pronunciado que imponer esta clase de penas contraviene la finalidad misma de rehabilitación social y supone tratos crueles, inhumanos o degradantes”, recalcó Quintana.
