Este 12 de agosto del 2025, a las 11:00, arranca en Quito la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional (CC), institución con la que entró en pugna después que suspendió provisionalmente 17 artículos de tres leyes promovidas por el primer mandatario.
La marcha de protesta es solo alguna de las acciones que Noboa ha emprendido en contra de la CC, la ha atacado en discursos; varios de sus ministros han dado declaraciones acusándola, entre otras cosas, del aumento de la violencia en el país; además, a través de un colectivo ciudadano se ha colocado publicidad ofensiva en vallas y camiones móviles.
A esto se incluye que, solo un día después de la que la CC suspendió los artículos de la ley, el presidente Noboa hizo públicas las preguntas de la consulta popular que planifica realizar a finales de año; la sexta interrogante propone que los jueces constitucionales sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político.
Desde la otra orilla, los jueces se negaron a pronunciarse sobre la marcha y los pronunciamientos en su contra; a través de un comunicado recalcaron que la institución no se pronunciará sobre declaraciones políticas.
“Como máximo órgano de control constitucional y administración de justicia en esta materia, actúa con independencia, sujeta únicamente a la Constitución y al marco jurídico vigente”, se recalcó desde la CC.
Rechazo a la amenaza a la Corte
Una vez que Noboa expuso su intensión de cambiar la Constitución, para que los jueces de la CC puedan ser sometidos a control de la Asamblea Nacional, se emitieron sendos pronunciamientos de rechazo a esta intención, tanto nacional, como internacionalmente.
Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas, calificó al anuncio del presidente ecuatoriano como “muy preocupante” y emitió una alerta en la que señaló que la CC en Ecuador está siendo amenazada por otros poderes del Estado.
“Según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias (…) La independencia judicial no es opcional, es la base de la democracia. Las decisiones judiciales pueden y deben debatirse por vías legales, pero las amenazas son inaceptables”, afirmó Satterthwaite.
Pronunciamientos en contra
A nivel nacional, los pronunciamientos de rechazo a la pregunta de la consulta popular tampoco se hicieron esperar, en declaraciones y comunicados, organizaciones de juristas y defensoras de los Derechos Humanos se pronunciaron en contra de la propuesta con la se pretende someter a la CC al poder político.
El Foro por la Democracia, que aglutina a decenas de juristas, emitió un comunicado de respaldo a la CC y rechazaron la campaña que el Gobierno ha emprendido para desacreditar o presionar a los jueces.
“No podemos ignorar que el contexto, tiempo y forma en el que el Gobierno ha lanzado esta propuesta parece mas bien un intento de ejercer presión sobre la Corte Constitucional, para que resuelva a su favor varias demandas de inconstitucionalidad”, señaló el Foro.
La Federación Nacional de Abogados también se pronunció en contra de la sexta pregunta de la consulta popular, su presidente, Paúl Ocaña, señaló que la garantía del principio de separación de poderes es la parte neurálgica de un país democrático, por lo que las decisiones de la CC deben ser respetadas.
Incluso la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) emitió un comunicado señalando que la aprobación de esta pregunta significará un nuevo golpe a la ya débil institucionalidad del país y a la democracia, lo cual ahuyentará, aún más, a la inversión nacional y extranjera.
Los jueces sí pueden ser enjuiciados
Dentro del discurso del presidente Daniel Noboa en contra de los jueces de la Corte Constitucional se mencionó que los magistrados están “entronizados”, es decir, en un trono, en el que no pueden ser enjuiciados y no rinden cuentas a nadie, pero el constitucionalista José Chalco recalcó que esto no es así.
“Es falso que los jueces constitucionales son irresponsables jurídicamente, que están en un trono, que no dan cuentas a nadie, hay que abrir el Código de la Función Judicial, en el artículo 181 dice claramente que el pleno de la Corte Constitucional puede sancionar a los jueces constitucionales”, recalcó Chalco.
En el artículo en mención se señala efectivamente que el pleno de la Corte Nacional de Justicia, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, puede juzgar a los jueces constitucionales, en caso de que hubieren cometido infracciones penales, previa acusación del Fiscal General del Estado.
