El presidente Daniel Noboa presentó ante la Asamblea Nacional su quinta ley económica urgente, en lo que va de su segundo mandato, a la que denominó Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, la cual propone reformas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y en el Banco de esta institución, el Biess.
Una de las propuestas del mandatario es devolver a sus propietarios iniciales los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, los cuales, según el argumento de la ley, le han significado pérdidas al Biess.
“Los Fondos Previsionales de carácter privado, actualmente administrados por el Biess, regresarán a manos de sus legítimos dueños: los afiliados y jubilados”, señaló el Gobierno en un comunicado.
¿Qué son los Fondos Complementarios Previsionales?
Decenas de instituciones públicas crearon su fondo previsional, con el fin de obtener, a través de sus ahorros e inversiones privadas, un monto adicional de jubilación y cesantía.
En 2014, durante el Gobierno de Rafael Correa, se presentó y aprobó una reforma legal que le permitió al Estado retirarles estos fondos a los funcionarios, alegando que, en algún momento habían recibido recursos públicos; los cuales pasaron a ser administrados por el Biess.
Según los datos del Biess, actualmente 59 Fondos Complementarios Previsionales Cerrados activos se encuentran bajo su administración, los cuales generan ahorro entres sus partícipes y les proveen de prestaciones y créditos.
Pérdidas del Biess en administración de fondos previsionales
Pero, según el argumento de la ley propuesta por Noboa, estos Fondos le están generando perdidas al Biess; pues, por los 310 millones de dólares que maneja, cobra una tasa de administración de 200 mil dólares anuales, sin embargo, el costo que se genera por dicha administración es mayor a los 500 mil dólares.
“Por ende, se están usando fondos del IESS, en la administración de Fondos privados”, advierte el Gobierno en el argumento de su propuesta de ley económica urgente.
Para solucionar el problema, la propuesta de reforma establece que el Biess realice la devolución de los fondos previsionales, a sus dueños iniciales, en un plazo de 90 días.
Liquidación de fideicomisos
Otra inversión que resultó mal para Biess son los negocios fiduciarios o fideicomisos, que son proyectos inmobiliarios en los que el banco invirtió, pero que, se encuentran paralizados, por lo que la normativa propone rematarlos.
Según la información proporcionada por el Gobierno, el Biess tiene invertido 300 millones de dólares en fideicomisos, los cuales tienen un alto nivel de riesgo de pérdida por el tiempo transcurrido de la inversión y su estado actual.
Al momento, existen 13 fideicomisos inmobiliarios paralizados, con una inversión de alrededor de 100 millones de dólares, que necesitan ser reactivados o liquidados, pues se trata de una inversión hecha hace más de 15 años.
Entre los fideicomisos abandonados de forma parcial se encuentra Rieles de Monay, ubicado en Cuenca, cuya construcción empezó en el 2024 y en el que invirtieron el Biess y la Empresa Municipal de Vivienda de Cuenca (Emuvi); el monto de inversión ascendió a 20 millones de dólares.
La normativa propone liquidar los negocios fiduciarios que no hayan cumplido su objeto, ni alcanzado el punto de equilibrio en un plazo de 24 meses, previa presentación de informes técnicos.
También se propone reactivar los negocios fiduciarios cuando los estudios de factibilidad demuestren que se obtendrá una pérdida menor que con la liquidación o un resultado favorable para el Banco.
Observaciones a la urgencia económica
A través de su nueva ley económica urgente, el presidente Daniel Noboa también busca cumplir la sentencia de la Corte Constitucional (CC), que en enero le dio seis meses para establecer el mecanismo que se aplicará en las elecciones del Consejo Directivo del IESS, pero, para Patricia Borja, experta en Seguridad Social, no se cumple con el objetivo.
En primer lugar, Borja recalcó que el plazo que la CC le dio a Noboa venció en julio; además, se estarían incumpliendo los tiempos, pues, al tratarse de una ley económica urgente, el debate en la Asamblea Nacional se reducirá a 30 días, cuando la Corte dio seis meses para el tratamiento en el Legislativo.
Adicionalmente, la CC estableció que el Gobierno, para elaborar la ley, deberá contar con el aporte del proponente, que es Henry Llanes, quien recalcó que no fue tomado en cuenta, por lo que prepara sus acciones para reclamar la inconstitucionalidad de lo actuado y de la ley, si llega a aprobarse.
