El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, firmó este 16 de septiembre de 2025 el Decreto Ejecutivo No. 134 mediante el cual se declara el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, debido a «la grave conmoción interna» registrada en los últimos días.
La medida se fundamenta en las paralizaciones y protestas que han alterado el orden público, generando episodios de violencia y afectando derechos fundamentales como la libre circulación, el trabajo y el normal desarrollo de las actividades económicas tras el paro que inició por la eliminación del subsidio del diésel en Ecuador.
El decreto establece que el estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días, plazo considerado necesario para reforzar la presencia del Estado y restablecer el orden en las provincias afectadas. No obstante, el documento aclara que la medida podría darse por terminada de forma anticipada si las condiciones lo permiten.
Restricción de derechos y control de aglomeraciones
En el marco del estado de excepción, se dispuso la suspensión del derecho a la libertad de reunión en los territorios señalados, con el objetivo de evitar aglomeraciones que puedan derivar en actos violentos o en la paralización de servicios públicos. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, según el decreto, están facultadas para impedir y desarticular concentraciones en espacios públicos que «representen un riesgo para la seguridad ciudadana o el orden constituido».
El Ejecutivo aclaró que esta limitación no implica la prohibición del derecho a la protesta pacífica, siempre que no afecte los derechos y libertades del resto de la ciudadanía.
Movilización de Fuerzas Armadas y Policía
El decreto también dispone la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las provincias bajo estado de excepción. Ambas instituciones coordinarán acciones para mantener el orden, prevenir hechos violentos, proteger la vida y la integridad de las personas, y garantizar la libre circulación y el desarrollo de actividades económicas.
Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso de resguardar la seguridad ciudadana y la paz social frente a la crisis que atraviesan estas provincias. (I)
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