El 21 de septiembre del 2025 el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el calendario y el presupuesto para el referéndum en el que el presidente Daniel Noboa le realizará dos preguntas a los ecuatorianos, que se efectuará el domingo 16 de noviembre y tendrá un costo de 59 millones 783 mil 375 dólares.
Este monto es similar al presupuesto del referéndum y consulta popular que Noboa realizó en abril del 2024, en el que les hizo a los ecuatorianos 11 preguntas, el costo de ese proceso fue 60 millones de dólares.
Para el referéndum del 2025 el presidente Noboa incluyó dos preguntas:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?
Sí ( ) No ( )
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
Sí ( ) No ( )
El desglose de los gastos
Dentro de los casi 60 millones de dólares que el país necesitará para el referéndum del 2025, el CNE gastará 19 millones 851 mil dólares el pago del personal, de planta y provisional, este es el rubro más grande que se incluyó en el presupuesto.
Además, incluyó 7 millones 121 mil dólares para el pago a las Fuerzas Armadas, y con 5 millones 413 mil dólares se pagará el convenio con la Policía Nacional, es decir, se gastará 13 millones 409 mil dólares en la fuerza pública.
En fortalecimiento tecnológico el CNE planifica invertir 4 millones 593 mil dólares; en información al ciudadano 3 millones 642 mil dólares; en el pago a los miembros de las juntas receptoras del voto 3 millones 533 mil dólares; y el proceso electoral en el exterior costará 2 millones 196 mil 289 dólares.
Para la impresión de papeletas se gastará 3 millones 500 mil dólares; para los paquetes electorales otros 2 millones 768 mil dólares y para la elaboración de los documentos electorales (actas y certificados) se necesitará 2 millones 196 mil dólares; en total, 8 millones 523 mil dólares.
Límite de gasto y fondo partidario
Adicionalmente, el CNE aprobó el límite de gasto electoral, que es el monto que las organizaciones políticas y sociales podrán usar para promocionar el Sí o el No en el referéndum; este dinero no proviene del Estado, lo deberán conseguir las partes interesadas en participar en el proceso electoral.
El límite de gasto electoral se estableció en 5 millones 575 mil 489 dólares, los cuales se deberán dividir en dos, la mitad para la opción Sí y la otra mitad para el No, es decir, 2 millones 787 mil 744 dólares cada una.
En cuanto al fondo de promoción electoral, el cual sí es financiado por el Estado y solo se puede usar para la campaña en los medios de comunicación y en las vallas publicitarias, asciende a 418 mil 161 dólares; 209 mil 80 dólares para la opción Sí y una cantidad igual para el No.
Cabe recalcar que el monto máximo que se entregará para cada una de las dos opciones deberá dividirse para el número de organizaciones políticas o sociales que participen en la campaña; si el Sí o el No tienen más participantes, el fondo se reducirá.
El calendario aprobado
El CNE también calificó el calendario del Referéndum 2025, impulsado por el presidente Daniel Noboa, en el que se incluyeron varios hitos, el primero, los ciudadanos acudirán a las urnas el domingo 16 de noviembre del 2025, apenas siete meses después de las últimas elecciones generales y tras 17 meses de la última consulta popular.
Según el calendario electoral aprobado, la inscripción de las organizaciones sociales y políticas que participarán en el referéndum se realizará del 23 al 27 de septiembre, es decir, la próxima semana; el listado oficial de los grupos aprobados se conocerá hasta el 30 de septiembre.
Además, la designación de los miembros de las JRV será el 7 de octubre, que deberán capacitarse del 8 de octubre al 16 de noviembre.
La campaña electoral se desarrollará del 1 al 13 de noviembre; el silencio electoral regirá del 14 al 16 de noviembre.
El sufragio de las personas en prisión sin sentencia ejecutoriada será el 13 de noviembre; el Voto en Casa se efectuará el 14 de noviembre y la publicación de los resultados oficiales será el 5 de enero del 2025.
Constituyente pasa primer análisis de la CC
El 19 de septiembre del 2025 el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto 148, con el que llamó a consulta popular para hacer una asamblea constituyente, el cual fue bloqueado por acciones de protección que la CC aceptó como parte de la admisión de cinco demandas de inconstitucionalidad; pero insistió en su objetivo con el Decreto 153, que está en análisis en la CC.
Después de que el presidente Daniel Noboa insistió, a través del Decreto Ejecutivo 153, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le apruebe la convocatoria a consulta popular, para llamar a una asamblea constituyente, sin previo dictamen de la Corte Constitucional (CC), el máximo órgano electoral le dijo que no y realizó el trámite que le correspondía hacer al primer mandatario.
El CNE remitió el pedido de consulta popular a la CC, para que esta institución emita el dictamen de constitucionalidad, indispensable para que un proceso de este tipo se pueda realizar, el cual fue ignorado por Noboa.
La CC admitió a trámite el pedido; sorteó la causa, la cual recayó en la jueza Alejandra Cárdenas, quien notificó a las partes involucradas: al presidente Daniel Noboa, como legitimado activo; y al CNE, al presidente de la Asamblea Nacional y al procurador general del Estado, como legitimados interesados.
La noche del 21 de septiembre del 2025, la Corte informó que el pedido de consulta popular pasó un primer control, denominado calificación de vía, en el que se determinó que la propuesta presentada sí corresponde a la vía de asamblea constituyente.
En su dictamen, la Corte Constitucional enfatizó que la Asamblea Constituyente tendrá la potestad constitucional exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá ser posteriormente sometido a referéndum popular.
El Pleno de la Corte resolvió remitir el proceso a la jueza ponente, para que inicie de manera inmediata el trámite del segundo momento, correspondiente al control de constitucionalidad de la convocatoria, para el cual tiene 20 días.
