Desde 1830, cuando se fundó la república, Ecuador ha tenido 20 constituciones y ha realizado una asamblea constituyente por 19 ocasiones, cada documento ha durado en promedio 9.7 años.
El presidente Daniel Noboa propone la creación de una nueva Constitución, con la que se reemplazará a la de Montecristi, elaborada hace 17 años.
Según los argumentos de su propuesta, el primer mandatario considera que la nueva constitución es necesaria porque la actual ya no responde a los problemas estructurales y coyunturales del país; los cuales no pueden ser cambiados a través de los mecanismos ordinarios de reforma constitucional (enmienda legislativa o reforma parcial).
Entre los cambios urgentes que propone Noboa están las reformas al sistema penitenciario, al que califica como permisivo; al sistema jurídico – procesal, que afirma opera en favor de la impunidad de los criminales; a las cinco funciones del Estado, con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha garantizado la meritocracia en la elección de autoridades; y al “extenso” catálogo de derechos, que no ha disminuido la pobreza y la desigualdad.
El costo de la asamblea constituyente
Según los reportes de la época, la elección y el funcionamiento de la Asamblea Constituyente de Montecristi le costó al país 125 millones de dólares, cantidad que se elevará sustancialmente en esta ocasión.
Estos 125 millones de dólares incluyeron la consulta popular de entrada (18 millones de dólares), la elección de asambleístas constituyentes (42 millones de dólares), la construcción de Ciudad Alfaro (4 millones de dólares), el funcionamiento de la Asamblea Constituyente (37 millones de dólares) y el referéndum aprobatorio de la nueva constitución (24 millones de dólares).
Lo que se necesita para las elecciones
Haciendo un símil con el costo de los últimos procesos electorales, para la realización de la nueva asamblea constituyente propuesta por el presidente Daniel Noboa se necesitarán 200 millones de dólares, solo para los tres procesos electorales necesarios.
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el fin de semana el presupuesto para la consulta popular del próximo 16 de noviembre, en la que se podría incluir la pregunta sobre el llamado a la asamblea constituyente; este proceso electoral tendrá un costo cercano a los 60 millones de dólares.
Para definir el costo de la elección de asambleístas se puede tomar el presupuesto del CNE para las últimas elecciones generales (80 millones de dólares), mientras que el referéndum de aprobación de la constitución tendría un costo similar al de la consulta popular (60 millones de dólares).
Más gasto para la operación de la Asamblea
En cuanto al funcionamiento de la Asamblea, si se elige la sede actual del Legislativo en Quito, no se necesitará un costo adicional para la construcción o adecuación de un edificio.
Sin embargo, se requerirá de un presupuesto para el funcionamiento de la asamblea constituyente, que incluye gastos administrativos y en personal; los 80 legisladores que se elegirán tendrán el mismo sueldo de los actuales legisladores, que bordea los 5.000 dólares.
Según el Observatorio Legislativo, la Asamblea Nacional tiene un presupuesto anual promedio de 50 millones de dólares para su funcionamiento; si se toma en cuenta que la asamblea constituyente durará seis meses, requerirá de 25 millones de dólares para funcionar, si se extiende los dos meses permitidos, esta cantidad aumentará.
No se prioriza el gasto social
Para Rubén Calle, presidente del Colegio de Abogados del Azuay, a cada Gobierno le resulta incómoda la constitución vigente y quiere legitimar sus políticas con una nueva carta magna, pero, en medio de la situación económica compleja del país, no lo considera oportuno.
“Desde el punto de vista económico, cuando encontramos hospitales sin medicinas, los centros educativos con deficiencias y todo lo del ámbito social descuidado, no resulta adecuado realizar un gasto tan grande; lastimosamente, para los gobiernos esto no ha sido un obstáculo, porque se prioriza el gasto electoral, antes que el gasto social”, afirmó el experto.
Para el constitucionalista Andrés Martínez también se debe considerar que, una vez que se concluya la elaboración de la Constitución, se necesitará reestructurar todas las instituciones, lo cual tendrá un costo adicional.
