De enero a mayo de 2025 ha sido el periodo más violento en la historia reciente de Ecuador, según el Observatorio del Crimen Organizado.
La entidad estima un incremento constante de homicidios intencionales hasta fin de año y los asocia “a la atomización y el fraccionamiento criminal que atraviesa el país”.
Es decir, las organizaciones delictivas se dividen y cada una intenta tomar el control del territorio, lo cual genera las condiciones ideales para más violencia.
De los datos del Observatorio también se desprende que, durante el primer semestre de 2025, en Ecuador se contabilizaron 4.619 homicidios intencionales, es decir, se evidenció un aumento del 47 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 3.143.
A estas cifras se suma los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), cuyo Registro Estadístico de Defunciones Generales de 2024 dejó en evidencia que la principal causa de muerte en Ecuador, de adultos entre los 30 y 64 años, fueron los homicidios.
En este contexto, expertos se cuestionan ¿qué ha hecho el Gobierno central para remediar este mal?
Entre las principales ofertas y propuestas de campaña constan la implementación del Plan Fénix, la incursión de Blackwater para capacitar a las fuerzas del orden, con Erik Prince a la cabeza, y la militarización de las cárceles.
Cuestionamientos sobre acciones
Pese a ello, no ha sido posible frenar la cantidad de muertes violentas en los centros penitenciaros y en zonas consideradas peligrosas de Ecuador como Guayas y Los Ríos, señaló Abraham Correa, exgeneral de la Policía y experto en seguridad.
Él sostiene que el país ingresó a un estado de caos en el que reina la desorganización y la improvisación.
Su postura la argumenta poniendo como ejemplo el cambio frecuente de la cúpula de las Fuerzas Armadas, algo que “marca como referencia la ausencia de un plan estratégico, equilibrado y definido que guie el accionar de las fuerzas del orden”.
No solo eso. También cuestionó a la Corte Constitucional y “su postura de frenar las solicitudes del Presidente para apoyar a militares y policías”. Correa sostiene que en este momento las fuerzas están desamparadas y eso ha generado que no tengan la suficiente capacidad de acción.
Sobre las 34 cárceles que tiene el país, refirió que “el SNAI no ha podido darles a los reclusos una verdadera rehabilitación por la evidente desorganización de la entidad… que se ha dedicado a crear bodegas de seres humanos”, comentó.
Presencia de Erick Prince en Ecuador
El apoyo de expertos extranjeros en seguridad también lo propuso Noboa.
De hecho, el 11 de marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció una “alianza estratégica con Erik Prince (fundador de la organización Blackwater ahora Academy) con el fin de fortalecer las capacidades en la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de aguas de pesca ilegal”.
El 5 de abril, Prince participó en el operativo ‘Apolo 13’ en Guayaquil junto a más de 500 policías y militares ecuatorianos, acompañando a los ministros del Interior y Defensa.
El Gobierno, a través de Jhon Reimberg, ministro del Interior, el 19 de junio de 2025 formalizó la contratación de Erik Prince como asesor para la lucha contra el narcoterrorismo y la seguridad marítima.
Reimberg anunció que Prince debía asesorar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
Prince volvió a Ecuador y lo visitó por tercera ocasión el 18 de julio de 2025, esa vez, como asesor gubernamental. El ministro Reimberg explicó que Prince formaría a elementos de las fuerzas del orden.
Análisis de investigador
En este contexto, el investigador Luis Carlos Córdova-Alarcón, en su artículo ‘Noboa contrata a Erik Prince y abraza el capitalismo mafioso que promueve Trump’, Alerta No. 3, cuestionó la colaboración, garantizada por la Ley Orgánica de Inteligencia, al considerar que permite el uso discrecional de ‘fondos especiales’ sin rendición de cuentas.
A decir de Córdova-Alarcón, este es un mecanismo esencial para el pago de servicios de especuladores de la guerra como Prince.
Para el investigador, la llegada de Prince genera una profunda controversia debido a su historial por operaciones en más de 30 países al servicio de regímenes autoritarios. Su trayectoria lo cataloga como un operador del ‘capitalismo mafioso’, un esquema basado en la privatización y escalada de conflictos, refiere el investigador.
Córdova-Alarcón cree que la presencia de Prince en Ecuador plantea tres escenarios de riesgo.
El primero es que su función se limite a un costoso diseño táctico-operacional para el ‘Bloque de Seguridad’. El segundo, y más alarmante, es la posibilidad de que reclute y constituya ejércitos privados o ‘escuadrones de la muerte’ para ejecutar tácticas de ‘guerra sucia’, tal como lo hizo en países como Emiratos Árabes Unidos y Haití.
Finalmente, su contratación podría ser parte de un acuerdo más amplio de ‘minerales–por–seguridad’ vinculado a la Administración Trump, una preocupación que se intensifica tras la reciente reapertura del catastro minero y la fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas.
Militarización de cárceles
Por otra parte, la medida de militarizar los centros penitenciarios dio buenos resultados, pero cuando los uniformados salieron nuevamente se presentaron hechos de violencia entre reclusos.
El lunes y el jueves de la semana anterior se presentaron dos graves hechos de violencia dentro de las cárceles del país.
El lunes se registró la matanza de 13 reclusos y un guardia penitenciario en la cárcel de Machala. Y el jueves, se presentó otra masacre, pero en la cárcel de Esmeraldas, en la que 17 reclusos fueron asesinados.
Días antes, el viernes 29 de agosto de 2025, en la cárcel de Turi, en Cuenca, cuatro reclusos fueron hallados sin vida. Según el reporte policial, uno de los fallecidos recibió un disparo. Los otros casos de investigan.
Este hecho se presentó pocos días después de que los militares dejaran el control de la cárcel. (I)
Datos:
- De mantenerse la tendencia de homicidios, Ecuador cerraría 2025 con una tasa estimada de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.
- El sábado pasado, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción en 10 provincias por grave conmoción interna, derivada del paro.
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