Cirilo Minota, de 35 años, desapareció el 4 de abril de 2024; a Dave Loor y Juan Daniel Santillán, de 20 y 27 años, respectivamente, sus familiares no los volvieron a ver desde el 26 de agosto del 2024; a los primos Jostin Álvarez y Jairo Tapia los detuvieron el 3 de septiembre del 2024, en un allanamiento, solo el primero regresó; el 8 de diciembre del 2024 tres adolescentes y un niño fueron detenidos y sus cuerpos fueron encontrados 15 días después.
En todos estos casos, incluidos en un informe de Amnistía Internacional, las víctimas o sus familiares señalan como responsables de la supuesta desaparición forzada a los miembros de las Fuerzas Armadas.
“Nadie jamás en la vida debería de pasar por esta situación. Es una situación demasiado fuerte. Es muy duro no saber dónde está tu familiar, no saber el motivo porque estos militares se ensañaron con ellos”, afirmó la tía de Dave Loor en la entrevista que Amnistía Internacional le realizó.
Cifras de desaparecidos
Según datos de la Fiscalía General del Estado, desde enero del 2024, cuando el presidente decretó el conflicto armado interno para combatir la delincuencia, hasta el 30 de septiembre del 2025, en el país se han registrado 32 noticias de delito relacionadas con desaparición forzada, en las que estarían involucrados principalmente militares.
De los 32 casos conocidos por la Fiscalía, solo dos ocurrieron en Morona Santiago (19 de septiembre del 2025) y Loja (3 de junio del 2024), el resto, se han concretado en las provincias de la Costa, donde la violencia se ha incrementado y, a través de varios estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, se ha dispuesto la movilización de los miembros de las Fuerzas Armadas.
La provincia que más casos registra es Los Ríos, con 18 desapariciones que fueron conocidas por la Fiscalía; le sigue Guayas, con 7 casos; y Esmeraldas con 5; en las dos primeras provincias actualmente rige un estado de excepción y los militares colaboran con la Policía Nacional en el control de la seguridad.
Dos casos de connotación nacional
En este momento en el país se ventilan dos procesos de abuso por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, el uno se trata en un juzgado de Guayaquil y el otro en la Corte Nacional de Justicia, el primero ocurrió hace casi un año y el otro hace más de 40 años, son los casos Malvinas y Vaca y otros.
En cuanto al caso Malvinas, llegó a juicio el 3 de noviembre del 2025, tras cinco convocatorias fallidas, cuando queda un mes para que se cumpla un año de la desaparición y posterior muerte de tres adolescentes de 14 y 15 años y un niño de 11 años.
Son investigados, por desaparición forzada, 16 militares, quienes, según lo prueban videos de vigilancia, detuvieron a los niños; luego, los habrían golpeado y torturado; 1 uniformado más fue vinculado por haber intentado desaparecer las pruebas.
En el caso Vaca y otros se procesa a seis militares, quienes serían los responsables de un crimen de lesa humanidad cometido en contra de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, miembros del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, quienes habrían sido detenidos arbitrariamente en noviembre de 1985 y sometidos a torturas físicas, psicológicas y sexuales.
Combate a la delincuencia no justifica todo
Para Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas en el caso Vaca y otros, además de presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el proceso en el que participa y el caso Malvinas tienen una similitud: se trata de miembros de las Fuerzas Armadas cometiendo actos “muy graves”, en contra de los ciudadanos a los que supuestamente deben proteger.
“Es importante que el juicio se realice en este momento de la historia nacional, porque nos puede ayudar a mandar el mensaje de que no se justifica todo en el combate a la delincuencia, hay límites y el límite infranqueable es la dignidad de los seres humanos, no se les puede torturar, no se les puede violar, no se les puede desaparecer”, afirmó Albán.
El caso Vaca y otros trata de hechos ocurridos hace 40 años y, aunque hace 11 años estaba todo listo para que se inicie el juicio, se lo retomó esta semana; en este tiempo, uno de los denunciantes, Luis Vaca, murió de cáncer, el perito principal fue internado en un hospital psiquiátrico y varios testigos han fallecido. (I)
