La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar sobre los hechos ocurridos durante la ejecución de la consulta popular y el referéndum del 16 de noviembre del 2025, ante los cuales presentó algunas observaciones.

Según el informe, lo que más les llamó la atención a los observadores de la OEA fue el poco tiempo con que se contó para organizar las elecciones y hacer campaña; el posible abuso de fondos públicos por parte del Gobierno; la desinformación y promoción en redes sociales, sin ningún control; entre otros.

Basada en lo que le informaron los actores políticos y en lo que apreció en su observación a la consulta popular y el referéndum, la Misión de la OEA vio con preocupación los siguientes aspectos:

• Que el presidente Daniel Noboa haya pretendido pasar la pregunta de la consulta popular, para convocar a una asamblea constituyente que reforme la Constitución, sin control de la Corte Constitucional.
• Que las preguntas C (44 días) y D (52 días) hayan sido incluidas en el calendario electoral, sin respetar el plazo que determina la ley (60 días), cuando lo adecuado era que el Consejo Nacional Electoral (CNE) extienda los plazos.
• Que los plazos en el caso de consultas populares y referéndums sean tan cortos, lo cual dificulta que la ciudadanía emita un voto informado y que las organizaciones políticas realicen una campaña adecuada.
• Que las redes sociales reprodujeran mensajes deliberados que pudieron confundir al electorado; hasta el 75% de los contenidos que se viralizaron utilizaron herramientas de inteligencia artificial, sin advertirlo a sus audiencias.
• Que, pese a que el debate por el “Sí” y por el “No”, se encontró mayoritariamente en las redes sociales, estas no sean normadas por el CNE
• Que no existan reglas claras sobre el uso de la licencia de los empleados públicos para hacer campaña.
• Que funcionarios del Gobierno emitieran pronunciamientos en redes sociales a favor del “Sí”, incluso durante el periodo de silencio electoral.
• Que pese a estar prohibido, se haya permitido que se exhiba el voto y se lo fotografíe.
• Que organizaciones políticas enfrentaran restricciones para ingresar a las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y ejercer sus funciones de vigilancia.
• Que por tecnicismos se haya rechazado la inscripción de organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana.
• Que en plena campaña electoral el CNE se han iniciado procesos en contra de organizaciones que apoyaban en “No”, por gastos de campaña del 2023.
• Esta situación tiene el potencial de impactar el ejercicio efectivo los derechos políticos debido a tecnicismos censura previa, por parte de las autoridades electorales, a los contenidos de los spots de quienes apoyaban el “No”.
• Que el Gobierno haya realizado entrega de recursos financieros a unos días de la consulta popular y el referéndum (bono a favor de militares y policías y el adelanto de la décima tercera remuneración), lo cual podía generar percepciones desequilibradas y posibles sesgos, en detrimento de la equidad en la contienda.