Las diferencias entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, han escalado en estos dos años de mandato del jefe de Estado, han incluido demandas penales y hoy la batalla se libra en el campo de la contratación pública, a través de bloqueos a contratos, según el Gobierno, justificados.
El más reciente caso ocurrió esta semana, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que está a cargo del Gobierno central, informó sobre la suspensión de un proceso con el cual la Alcaldía de Guayaquil pretendía adquirir 100 mil dosis de insulina, por más de un millón de dólares.
En una primera publicación, el Sercop señaló que el Municipio pretendía importar un producto que sí existe en el país, omitiendo la obligación de preferir a los proveedores locales; además, no se cumplió con el requisito de registro sanitario emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), obligatorio para la importación.
En una segunda publicación, que se hizo un día después de la primera, el Sercop denunció sobreprecio en la compra de insulina impulsada por el Municipio de Guayaquil, la cual, en otros procesos ha sido adquirida en promedio a 7 dólares y ahora se pretendía comprarla a 12 dólares.
Aquiles Álvarez respondió a la publicación del Sercop y argumentó que desconoce de dónde se saca la cifra de 12 dólares, pues la propuesta del Municipio, según el alcalde, sería de 5,28 dólares; además, criticó al Gobierno de Noboa por supuestos contratos irregulares en otros sectores.
“A los panas no los fiscalizan y justo ahí es donde está el lleve. Pillos”, señaló Álvarez al referirse a las supuestas irregularidades en la contratación del servicio de atención virtual en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); institución en la que, además, según dijo el alcalde, en 2024 se compró insulina por 20 dólares.
Procesos suspendidos
Según información proporcionada por el Sercop, actualmente existen 47 procedimientos que se le han suspendido al Municipio de Guayaquil, que suman 9,7 millones de dólares; por requerimientos de subsanación, revisiones técnicas o jurídicas y por la falta de participación de proveedores.
Además, 455 procedimientos han sido cancelados o declarados desiertos por el Municipio, los cuales no continuaron por incumplimiento de requisitos, cambio de necesidades institucionales, ajustes presupuestarios o decisiones administrativas; que involucraban una inversión de 202 millones de dólares.
Suspensiones anteriores
Que la punga entre Álvarez y el Gobierno se haya llevado al plano de las compras públicas no es nuevo, a mediados de septiembre del 2025 el alcalde de Guayaquil acusó al Sercop de “bloquear” las fiestas octubrinas.
El burgomaestre calificó de “arbitraria” la suspensión de los procesos de contratación para eventos como la elección de la reina de la ciudad, la sesión solemne del 9 de octubre y la contratación de la publicidad para difundir obras y servicios.
Previamente, en agosto del 2025, el Sercop rechazó el pedido de la Alcaldía de Guayaquil para importar asfalto, para lo cual se argumentó la mala calidad del producto nacional y la falta de stock, por la paralización de la Refinería Esmeraldas.
José Julio Neira, director encargado del Sercop, acusó al alcalde de Guayaquil de intentar un “negociado” con la importación de asfalto y señaló que la Refinería se encontraba operativa desde inicio de ese mes.
“No, alcalde procesado. Lo que estamos haciendo es que no tengas un negociado con Bustos. Petroecuador nos confirmó que hay producción de este material desde el 4 de agosto. Así que mejor lo invitamos a contribuir al consumo local y producción nacional”, señaló Neira.
Conflicto que empezó en lo legal
En julio del 2024 el Gobierno del presidente Daniel Noboa, a través de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables (ARCH), denunció ante la Fiscalía a Aquiles Álvarez y a sus dos hermanos, por el delito de comercio irregular de combustible, en el caso conocido como Triple A.
Desde ese momento, la relación entre el Gobierno de Daniel Noboa y Aquiles Álvarez ha ido en detrimento y en medio acusaciones y bloqueos se ha colocado a la ciudad.
En este tiempo, el Gobierno central demoró la firma de la garantía soberana para la construcción del quinto acueducto; le quitó y luego le devolvió al Municipio la administración del parque Samanes; además, el presidente Noboa dijo que el agua de Guayaquil está contaminada con heces fecales.
Por su parte, la Alcaldía de Guayaquil bloqueó 16 mil cámaras para que el ECU 911 acceda al monitoreo de la seguridad de la ciudad y le quitó 53 camionetas a la Policía Nacional.
El conflicto también ha llegado al plano familiar, el 5 de marzo del 2025 el Municipio de Guayaquil clausuró una cartonera de la familia de Noboa; el día siguiente el Arcsa clausuró una pizzería de la familia del alcalde.
El juicio en contra de Aquiles Álvarez y su familia, por el caso Triple A, está próximo a iniciar, se desarrollará entre el 21 de enero y el 1 de febrero del 2026.
