La Corte Permanente de Arbitraje en La Haya determinó que el Estado ecuatoriano incumplió el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, al negarle el acceso a la justicia a la empresa petrolera estadounidense Chevron – Texaco, por lo que deberá indemnizarle con 220 millones de dólares; este tema reavivó la necesidad de que exista una Ley de Repetición, que permita que los responsables asuman el pago.
Ante este hecho, Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado (abogado del Estado), propone resucitar la propuesta de Ley de Repetición que presentó el 3 de septiembre del 2025, para que, sean los funcionarios responsables de la sanción al país los que cancelen, con su patrimonio, el monto que le tocará desembolsar al Ecuador.
“Cómo podemos recuperar los 220 millones de dólares que le tocará pagar al país y que podrían servir para temas sociales; el marco normativo del Ecuador no es el mejor para lograr este objetivo, por eso hace falta una Ley de Repetición”, afirmó Larrea.
La Asamblea retoma el debate
Tras conocerse el laudo arbitral en contra del Estado Ecuatoriano, en la Asamblea Nacional se activó un proyecto de Ley de Repetición que data de febrero del 2022, cuyo primer debate en el Pleno quedó pendiente y que se retomará el próximo martes 16 de diciembre del 2025.
Además de este proyecto de Ley de Repetición, cuyo primer debate se quedó en suspenso hace casi cuatro años, durante la presidente de la Asamblea de Guadalupe Llori; en el Legislativo también reposa una propuesta del procurador general del Estado y otra de la asambleísta Camila León (ADN), que la presentó el 8 de agosto del 2025.
Que pague el responsable
Todas las propuestas apuntan a lo mismo, que sean los funcionarios y autoridades que tomaron las decisiones erróneas, que le llevaron al Estado al pago de indemnizaciones, los que asuman los gastos.
Para el asambleísta Mauricio Ordóñez (ADN), es importante que quien asuma las indemnizaciones sea no sea el ciudadano, como ahora, sino quien cometió la ilegalidad, quien la permitió o quien la forjó.
“No vamos a permitir que se repita nunca más, que sea el ciudadano el que deba pagar; esta bancada exige que se trate en primer debate la Ley de Repetición”, señaló Ordóñez.
¿Cómo se aplicará la Ley de Repetición?
Según el informe para el primer debate de la Ley de Repetición presentado en el 2022; cuando el Estado pague una indemnización, producto de una acción u omisión de un funcionario, inmediatamente deberá ejercer el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
De esta forma, se busca proteger al Estado ecuatoriano de las acciones dolosas, gravemente culposas y perniciosas que lo perjudican y controlar eficazmente la actividad de los funcionarios, servidores y/o exservidores públicos.
La acción de repetición tiene por finalidad que estos funcionarios devuelvan al erario público los recursos que, por concepto de indemnización han sido pagados por el Estado a los particulares.
Una vez realizado el pago total de la indemnización, la máxima autoridad de la institución en la que se ocasionó el daño tendrá 45 días para analizar y determinar los responsables de lo sucedido; luego, contará con 60 días adicionales para presentar la demanda de repetición, si no lo hace, la Procuraduría podrá demandar a quien no aplicó la acción legal para que el país recupere lo pagado.
¿Qué dice el correísmo?
Hace casi cuatro años, el 17 de febrero del 2022, en la Comisión de Justicia no se logró aprobar el informe para primer debate de la Ley de Repetición, el Bloque de la Revolución Ciudadana se opuso para a que se lo pase a debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Hoy ese mismo informe será analizado y en el correísmo, Blasco Luna, considera que podrían apoyar con sus votos, pero, con una condición, que la aplicación no sea retroactiva, es decir que, no implique una sanción en contra de los funcionarios responsables de lo ocurrido con Chevron – Texaco, incluido el expresidente Rafael Correa.
Para el legislador Mauricio Ordóñez (ADN), difícilmente se contará con los votos del correísmo para aprobar la Ley de Repetición, pues han hecho todo lo posible para que no se la trate, con el objetivo de precautelar a quienes ocuparon cargos públicos durante su Gobierno y que serían responsables de varios pagos que el país ha hecho a nivel internacional.








