La Revolución Ciudadana (RC) fracasó en un nuevo intento de llevar a juicio político a un ministro del Gobierno de Daniel Noboa; Jimmy Martin, quien hasta 20 de noviembre del 2025 estuvo a cargo del Ministerio de Salud fue salvado por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que no dio sus votos para avocar conocimiento del proceso en la Comisión de Fiscalización.

En estos siete meses en funciones de la actual Asamblea Nacional, se han analizado cuatro pedidos de juicio político; solo dos llegaron al Pleno, uno fue el de Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura, quien fue salvada por el correísmo.

El segundo juicio que se trató en el Pleno fue el de Gonzalo Albán, exconsejero titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quien fue censurado y destituido por incentivo del oficialismo, que puso su mirada en este funcionario después de que votó en contra de la mayoría afín al Gobierno.

La falta de fiscalización a los funcionarios del Gobierno es posible porque la oposición, aunque tampoco el oficialismo, poseen la mayoría de 101 votos necesarios para censurar a un ministro.

Ministros con inmunidad

A diferencia de Albán, lo ministros del actual Gobierno han corrido con mucha suerte; pese a las insistencias para llevar a juicio político a Inés Manzano, ministra de Ambiente, Energía y Minas, ADN ha logrado salvarla; pese a que el caso Progen, del que sería responsable política, ha evidenciado una pérdida millonaria para el Estado.

También corrió con suerte Jimmy Martin, exministro de Salud del actual Régimen; el pedido de juicio político en su contra logró pasar el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), integrado completamente por legisladores oficialistas, lo que daba muestras de la intención del Gobierno de procesar a este funcionario.

Pero el proceso murió en la Comisión de Fiscalización, cuando el miércoles 10 de diciembre del 2025 los seis legisladores de ADN se abstuvieron en la votación e impidieron que el caso sea aceptado a trámite.

¿Qué soluciona un juicio político?

En su afán de desmerecer la intención de llevar a juicio a Martin, la coordinadora de la bancada de ADN, Mishel Mancheno, señaló que un proceso en contra de un ministro que estuvo en funciones solo cuatro meses no soluciona el problema de la salud en el país que, a su criterio, es estructural.

“¿Qué soluciona un juicio político de un ministro que estuvo aproximadamente cuatro meses? Cuando esto es un proceso que, recordemos es la consecuencia del abandono y la corrupción del Gobierno del expresidente Rafael Correa”, afirmó Mancheno.

Para Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, las declaraciones de Mancheno muestran un desconocimiento de las funciones que, por obligación constitucional, tienen que cumplir los asambleístas, que incluye la fiscalización.

“Prácticamente está diciendo que sus atribuciones no sirven para nada, cuando la fiscalización no es un asunto de índole de opinión, sino una obligación constitucional; si hoy el Gobierno nos dice que no es necesaria, mañana nos dirá que tampoco se necesita el debate en la Asamblea y querrá aprobar las leyes que le interesen, sin que nadie opine”, señaló Celi.

Causales comprobadas

El correísmo pretendió llevar a juicio político a Jimmy Martin acusándolo de incumplimiento de funciones por tres causales: falta de pago a las clínicas dializadoras, desabastecimiento de medicamentos y recorte presupuestario en el sector de la salud.

Desde el correísmo critican la decisión del oficialismo de blindar a sus ministros, pese a que las causales, en el caso de Martin, están más que justificadas, pues siguen vigentes, las dializadoras continúan impagas y los hospitales sin medicamentos.

“La Asamblea Nacional es la que protege la corrupción del Gobierno, la inoperancia y la indolencia; con el cuatro a cero que se llevó en la consulta popular creímos que el Gobierno podía hacer cambios, el que pasara el juicio en el CAL abrió esa esperanza, pero, han demostrado que siguen blindando a sus ministros”, aseguró Córdova.

Informe del caso Progen

Esta semana, según lo anunció la asambleísta Diana Jácome (ADN), se conocerá en la Asamblea el informe de fiscalización realizado al caso Progen, por parte de la Comisión de Transparencia; la legisladora se negó a anticipar si se propondrá sanciones para algún funcionario.

La fiscalización de este caso, en un inició, fue bloqueada por la bancada oficialista, que impidió que se trate en el Pleno de la Asamblea; sin embargo, una vez que la Comisión de Garantías Constitucionales, conformada solo por correístas, intentó tomar la posta, fue bloqueada por la Comisión de Transparencia.

Este caso ha sido investigado por la Contraloría General del Estado que, ha establecido un perjuicio al país de 122 millones de dólares, los que se pagaron a Progen Industries LLC, empresa que no logró instalar un solo kilovatio de electricidad.