La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) le solicitó al Gobierno la declaratoria de emergencia ambiental en Napo, con el objetivo de combatir a la minería ilegal y sus efectos en el ambiente.

El comunicado de la organización indígena se publicó después de que las autoridades gubernamentales decidieron suspender las actividades mineras en esta provincia, ante el aumento de la minería ilegal.

“La suspensión de actividades mineras en Napo y la restricción de plantas de beneficio en Portovelo y Loja, anunciadas el 2 de febrero de 2026 por el Gobierno Nacional, evidencian una crisis ambiental que no puede resolverse con medidas parciales”, señaló el comunicado.

La Conaie señaló que además se necesita la aplicación de planes de remediación con participación comunitaria, fortalecimiento de los mecanismos de control y espacios de diálogo vinculantes con los pueblos y nacionalidades.

“Solo así será posible transformar esta crisis en una oportunidad para proteger la vida”, recalcó la organización.

La organización señaló que la minería en Napo no es un fenómeno aislado, ha crecido fuertemente desde 2017.

Más de 1.300 hectáreas de bosque, según la Conaie, han sido afectadas en cuencas de ríos como Jatunyacu, Anzu, Huambuno, Puni, Cotona y Arajuno, comprometiendo la biodiversidad y la soberanía hídrica de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía.

“La suspensión (del Gobierno) reconoce la contaminación por mercurio, metales pesados y cianuro, también detectados en ríos de El Oro. Estos contaminantes, vinculados a actividades mineras, han puesto en riesgo fuentes de agua, ecosistemas completos y la salud de comunidades locales”, señaló el colectivo indígena.