Alcaldes, prefectos y miembros de juntas parroquiales rurales se reunieron este 10 de febrero del 2026, en Quito, para emitir un pronunciamiento en contra de la ley que reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con la que el presidente Daniel Noboa pretende limitar los gastos corrientes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, señaló que lo que buscan los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) es que la Asamblea Nacional archive el proyecto de ley pues, al ser analizado como económico urgente, tiene apenas 30 días para su análisis, tiempo que les parece insuficiente para que se cambien los errores que consideran se están cometiendo.
“Esta reforma está planteada de una manera que va a afectar a los GAD, por la concepción de los temas de inversión, pues ya no se podrá invertir en los ámbitos de lo social, educativo, deportivo, seguridad, incluso en los estudios para hacer obras, porque todo eso se considerará gasto corriente y no nos podemos exceder del 30 %”, señaló Zamora.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, recalcó que lo correcto es que el proyecto se archive, porque tiene indicios de ilegalidad, inconstitucionalidad y no es urgente, pues sus reformas, si son aprobadas, entrará en vigor en enero del 2027.
Mientras que Paola Pabón, prefecta de Pichincha, señaló que lo que pretende el Gobierno es “licuar” la deuda que tiene con los GAD, que asciende a 1.000 millones de dólares que, puntualizó, es justo el monto que se les reduciría anualmente, si se aprueba la reforma.
Por su parte Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay afirmó que el Gobierno debería ser “sincero” y aceptar que lo que está detrás de la reforma es la intensión de disminuir en 1.000 millones de dólares las asignaciones a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales.
La reforma de ley busca obligar a los GAD para que destinen solo el 30 % de lo que les asigna el Estado en gasto corriente y el 70 % en inversión; pero, según las autoridades seccionales, esto les impediría invertir en los proyectos sociales, culturales y deportivos, que implican el pago de sueldos.
Una representación alterna a AME
Aunque los alcaldes tienen una agrupación que les representa en el país, que es la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), ayer la vocería estuvo a cargo de Cristian Zamora, burgomaestre de Cuenca, en calidad de presidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (Flacma).
La necesidad de una vocería alternativa estaría marcada por la decisión de la presidenta de AME, Yuri Colorado, de apoyar el proyecto de ley del Ejecutivo, porque es afín al Gobierno del presidente Daniel Noboa.
